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SUSCRIBITE Los representantes del Estado Nacional pusieron eje en un crecimiento empresario "monopólico" basado en prácticas "depredadoras" iniciadas en la última dictadura cívico militar, entre otros argumentos, mientras que el Grupo Clarín aludió a una "incapacidad de sobrevivir" en caso de la aplicación plena de la ley sancionada hace 4 años y denunció "hostigamiento" estatal.
El cuestionario "consensuado" entre los ministros de la Corte se centró en las discusiones relativas a libertad de expresión y sustentabilidad económica del Grupo, las prácticas monopólicas, los avatares de la fusión Cablevisión-Multicanal, la real aplicación que tiene hoy la Ley de Medios y el eventual perjuicio que causaría a Clarín la validez plena de la norma, entre otros aspectos.
En la audiencia hubo 17 preguntas para el demandante Grupo Clarín y 33 para el Gobierno, 5 minutos para cada respuesta y después cada parte hizo una breve exposición final de diez minutos.
Primero en exponer por ser el demandante, Clarín argumentó una "incapacidad de sobrevivir" en caso de entrar en vigencia los artículos cuestionados en las respuestas dadas por parte de los abogados María Gelli, Alejandro Carrió y Damián Cassino.
"La ley produce un efecto contrario al que declara, se afecta la libertad de expresión porque se afecta la sustentabilidad del grupo", argumentó Cassino.
"¿Por qué la actora sostiene que se afecta la libertad de expresión" con la ley 26522, pese a que en su artículo 1 declara que "busca desconcentrar la propiedad de los medios de comunicación y aumentar la pluralidad de voces?", consignó la pregunta 1 dirigida al demandante.
Los abogados aludieron a un "hostigamiento por parte del Estado Nacional" e intentaron vincular las pérdidas económicas que sufriría el grupo con la libertad de expresión.
"Se desbarata un medio que es una puerta al mundo", avanzó la abogada Gelli en medio de los argumentos que insistieron en unir sustentabilidad económica con libertad de expresión.
"¿Si la libertad de expresión requiere un volumen económico como el del grupo Clarín, qué ocurre con los demás grupos que no tienen esa entidad, no tendrían libertad de expresión o deberían ser subsidiados para equipararlos a Clarín?", quiso saber entonces la Corte en otra pregunta.
Y Lorenzetti aclaró aún más: "Les pedimos que sean concretos, ¿si alguien no tiene volumen económico no tiene libertad de expresión?", reformuló cuando la abogada Gelli volvía a hablar de la "sustentabilidad" del grupo.
A su turno, el Poder Ejecutivo Nacional defendió la constitucionalidad de la ley en cuanto a que protege la diversidad de contenidos y prestadores de servicios, y aseguró que 29 prestadores presentaron su voluntad de adecuarse a la ley, y sólo uno, el grupo Clarín, no lo hizo.
La posición del Estado nacional, "el demandado" en la causa "Grupo Clarín SA y otros contra Poder Ejecutivo Nacional y otros sobre acción meramente declarativa", fue planteada por Daniel Larrache y Graciana Peñafort Colombi, el constitucionalista y asesor externo de la Procuración del Tesoro, Eduardo Barcesat, y el economista Horacio Seillant, que respondieron 33 preguntas.
Larrache, director de gestión, administración y desarrollo de la Afsca, dejó claro que cuando se dice que la ley "no se aplica plenamente es porque un grupo de medios no quiere entrar en las generales de la ley".
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