Estela de Carlotto celebra los avances en el Código Civil sobre nietos recuperados

Por otra parte, también reclamó revisar el artículo 579 del futuro Código Civil y Comercial que regula las pruebas genéticas en las acciones de filiación.

"El proyecto mantiene el principio vigente según el cual si se requiere un análisis de ADN para establecer la filiación de un hijo, y el presunto padre se niega al análisis, eso constituye un principio grave de su paternidad", expresó la dirigente.

En ese sentido, Estela de Carlotto consideró que "es incorrecto mantener este principio dado que se establece la identidad sin certezas y sobre la base de su presunción".

"Debería facultarse al juez a obtener ADN del renuente de manera coactiva, mediante la fuerza pública. La identidad es un derecho de jerarquía constitucional previsto en la Convención sobre Derechos del Niño. No comprendemos qué se pretende proteger aceptando la negativa a hacerse un análisis de ADN", enfatizó.

Carlotto también consideró que el “proyecto contiene avances notables y muy destacables en los derechos de los niños”.

“La práctica diaria de Abuelas, donde constantemente recibimos a jóvenes que quieren conocer su identidad, nos da una perspectiva muy específica sobre la adopción. De esa experiencia sabemos que es fundamental preservar los vínculos fraternales. Y este proyecto lo prevé expresamente en el artículo 595 inciso `D`”, reconoció.

La dirigente también celebró que el artículo 596 “contemple la posibilidad de que el adoptado, aún siendo adolescente, acceda a la información sobre su adopción”.

“Sin embargo, se exige que tenga patrocinio letrado. Este requisito debe ser eliminado y debe hacerse a través de un simple trámite que esté al alcance de todos”, sugirió.

Por otro lado, dijo que le preocupaba que el proyecto otorgue un plazo de “apenas 30 días, prorrogable por otros 30, para buscar a los familiares de un niño que no tiene filiación establecida o cuyos padres fallecieron”.

“Un plazo tan exiguo transforma la búsqueda de los familiares de origen en una mera formalidad”, sentenció.

Por otro lado, la representante de la Universidad Nacional de General Sarmiento, María Arenaza, se refirió al derecho a la vivienda argumentando que “el Estado encuentra fuertes limitaciones en las políticas de tierras por los suelos”.

“Los barrios cerrados consumen mucho suelo para muy pocas personas. Y el suelo es lo que necesita el Estado cuando va a afrontar un plan de viviendas”, enfatizó Arenaza.

Además, la expositora dijo que “sería bueno que el Código respalde estas condiciones mínimas del suelo para garantizar el derecho al suelo de todos y todas”.

A su turno, el director Nacional de Asuntos Indígenas, Daniel Fernández, argumentó que las modificaciones al Código “van a ir completando derechos de los indígenas”.

“Este no es el Código Civil de (Dalmacio) Vélez Sarsfield. Es un código que incorpora situaciones novedosas y progresistas frente a un código de 1868, dictado cuando hacía un año que se había sancionado la Ley 215 que ordenó la ocupación por la fuerza de las tierras de Neuquén y Río Negro”, remarcó.

Fernández recordó que “allí comienza a gestarse la Campaña del Desierto durante la presidencia de (Bartolomé) Mitre y la asesoría de Domingo Faustino Sarmiento, que se había maravillado con los (rifles) Winchester que hizo traer de los Estados Unidos”.

“El código civil de Vélez Sarsfield fue monocultural. Este código tiene una mirada multicultural. Plantea la trascendencia a los derechos colectivos, humanos y públicos”, sostuvo el director y agregó que “viene a colocarse en el núcleo duro de la propiedad privada”.

Las audiencias sobre la modificación y unificación de los Códigos Civil y Comercial continuarán la semana próxima con la presencia de más representantes de organizaciones. Luego, los encuentros se llevarán a cabo en el interior del país.