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SUSCRIBITEBainbridge presentó un reclamo ante la justicia de Estados Unidos y pide acciones de Aerolíneas Argentina y del Banco Nación.
Nueva presión judicial: piden acciones de Aerolíneas y Banco Nación para ejecutar fallo contra Argentina
El fondo Bainbridge presentó un reclamo ante la justicia de Estados Unidos para cobrar una sentencia por US$95 millones contra la Argentina por bonos impagos del default de 2001, y reclama acciones de Aerolíneas Argentinas y del Banco Nación.
En un escrito enviado esta semana con la firma de los abogados Anthony Costantini del estudio Duane Morris LLP a la jueza Loretta Preska del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, pidió que se le transfieran acciones del Estado argentino de esas empresas como forma de pago
En el texto remitido a Preska, detallan que pese a haber obtenido en diciembre de 2020 una sentencia firme por 95.424.899,38 dólares, el monto “permanece completamente impago hasta la fecha”, y reclamaron que autorice una medida extraordinaria.
Esa medida es la entrega de los intereses de propiedad del Estado argentino en esas dos compañías estatales; que esos activos se depositen en una cuenta custodiada en un banco de Nueva York; y que esa institución transfiera finalmente la titularidad al fondo o a quien este designe, como forma de ejecutar la sentencia pendiente.
Bainbridge es uno de los fondos que no aceptó ninguno de los canjes de deuda que ofreció la Argentina tras el colapso de 2001, estuvo fuera de las reestructuraciones de 2005, 2010 y 2016, y llevó su caso ante la justicia de Nueva York, que en 2020 le dio la razón.
El fondo intenta cobrar su fallo a través de distintos mecanismos de embargo. Por ejemplo en el 2023, había solicitado quedarse con parte de las reservas del Banco Central, planteó que fue rechazado por Preska. Finalmente no apeló la decisión.
También Bainbridge como Burford Capital, quien interviene en el caso YPF, pidieron la ejecución de acciones de la petrolera estatal como forma de pago de sus respectivas sentencias, a lo cual la jueza accedió, pero la Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió la orden.
En paralelo, el exprocurador Sebastián Soler advirtió que “no existen antecedentes firmes en la jurisprudencia estadounidense que avalen la transferencia forzada de acciones de empresas estatales extranjeras”. Stephen Bainbridge sostiene que este mecanismo podría ser una vía válida para los demandantes a fin de cobrar su sentencia.
De todas maneras, en caso de que se avance con una orden de transferencia de acciones, la Argentina aún podrá apelar y pedir nuevamente la suspensión de su aplicación hasta que la Cámara de Apelaciones se pronuncie. “Es lo que sucedió en los casos anteriores”, recordó Soler.
La disputa por la estatización de YPF continúa acumulando reveses para el país en la justicia neoyorquina. La estrategia legal del Gobierno busca, en este contexto, contener el alcance de las decisiones judiciales y evitar que se habiliten mecanismos que puedan poner en riesgo activos estratégicos.
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