Correo Argentino. 

Gobierno de Macri aceptó acuerdo perjudicial para el Estado

Así lo dictaminó un informe que analiza la posible comisión de delitos del Gobierno. Se le habría perdonado un 92% de la deuda a la familia del expresidente.
Por  María Florencia Etchart

En el 2016, durante la gestión del gobierno de Mauricio Macri, el Estado Nacional aceptó un acuerdo para que la empresa Correo Argentino S.A., propiedad de la familia Macri, saldara su deuda concursal. Sin embargo, el mismo nunca llegó a firmarse por una denuncia de la fiscal Gabriela Boquín, que sostuvo ante la Cámara Comercial que el pacto entre el Estado y la empresa era "abusivo" y perjudicaba a los argentinos.

Hoy, un estudio realizado a pedido de la justicia dictaminó que dicho acuerdo era efectivamente ‘perjudicial’ para el Estado y condonaba casi el 92% de la deuda que tenía el clan Macri con el Estado Nacional.

Es en el marco de una de las varias denuncias judiciales que se desprendieron de aquella presentación. Una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y dio inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito.

Fue Lijo quien encargó el año pasado dicho estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio abarca varios tópicos. Allí analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Se calculó la actualización del crédito y cuál era la quita que se le hizo a la empresa en la propuesta, la cantidad de cuotas a abonar y el monto.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016 y que fue rechazado.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 literalmente, licuaba la deuda de la empresa. Es decir, pagaba menos de lo que debía y el Estado se hacía cargo de lo demás.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

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