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SUSCRIBITEUn interno lideró una red de grooming y extorsión contra menores en Deán Funes. Usaba redes sociales y promesas de trabajo para captar víctimas
Grooming organizado: captación, amenazas y pedidos de dinero a menores desde la cárcel
Una investigación judicial en Deán Funes dejó al descubierto una red de grooming y extorsión que tuvo como principal acusado a un interno alojado en la Unidad Penitenciaria de Sierra Chica. El caso salió a la luz tras denuncias de familias de adolescentes entre 14 y 16 años. La fiscal Analía Cepede dirige la causa. La maniobra incluyó captación por redes sociales, amenazas y exigencias económicas.
El expediente señala que el acusado utilizó perfiles hackeados de una tienda de ropa para acercarse a jóvenes. Desde esas cuentas, ofrecía trabajos como modelo para catálogos virtuales.
Las propuestas incluían pagos de hasta 80 mil pesos. Ese primer contacto generaba confianza en las víctimas, que accedían a enviar fotos o datos personales sin sospechas.
Luego del primer intercambio, el mecanismo cambiaba. El acusado pedía contraseñas o lograba acceso a cuentas personales. Con ese material, iniciaba amenazas.
Las exigencias incluían dinero, con montos que alcanzaban los 100 mil pesos, y también el envío de contenido íntimo. En varios casos, las víctimas denunciaron intimidaciones dirigidas a sus familias.
El principal imputado tiene 29 años y antecedentes por abuso sexual en Lomas de Zamora. En 2019 recibió una condena de seis años de prisión.
Durante 2026, la Justicia registró otra causa similar. En ese proceso, la acusación avanzó a juicio en enero. Un mes después, surgió una nueva denuncia por grooming, aun con el acusado detenido.
El 9 de abril, fuerzas de seguridad realizaron operativos en distintos puntos. En la unidad penitenciaria de Sierra Chica secuestraron dispositivos electrónicos que aportan pruebas a la causa.
También hubo procedimientos en Temperley, Rafael Calzada y La Plata. En esos lugares, dos mujeres quedaron bajo investigación por posible colaboración.
La fiscalía mantiene parte del expediente bajo secreto de sumario para resguardar a las víctimas. Las autoridades buscan determinar el alcance total de la red y la participación de otras personas.
El caso incluye al menos 13 denuncias formales. La Justicia analiza dispositivos secuestrados y registros digitales para reconstruir la operatoria.
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