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SUSCRIBITE Quienes pueden usar el beneficio desde hoy son jubilados que con el haber mínimo (incluyendo las pensiones no contributivas), beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Universal por Embarazo. El universo al que alcanzará la medida llega a 7,1 millones de personas.
Hay dos topes mensuales de reintegro de $700 en el caso de que quienes reciban dos o más AUH, se extenderá a $1.400. Se realizará en todas las compras que los beneficiarios realicen con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta en la cual cobran cada mes su jubilación, pensión o asignación.
La devolución no requiere de ninguna inscripción ni trámites adicional. Será recibida por todos los beneficiarios mencionados por cualquier compra en supermercados, autoservicios, almacenes, y cualquier comercio dedicado a la venta de alimentos, tanto mayorista como minorista, que acepte pagos con tarjeta de débito.
Para un jubilado que cobra el haber mínimo y utilice este beneficio en su totalidad, la devolución del 15% de sus compras representará un ingreso extra del 4,5% en su haber. En el caso de los beneficiarios de la AUH, el incremento representará un incremento del 22,5 por ciento.
El gran obstáculo para conseguir ese objetivo es la escasa costumbre de esos segmentos sociales de utilizar la tarjeta de débito para sus compras cotidianas, ya que suelen moverse casi con exclusividad en efectivo
La devolución se acreditará en la misma cuenta bancaria el día hábil siguiente a la realización de la compra, hasta alcanzar el tope mensual de $700 o $1.400, según el caso. No obstante, debido a los tiempos requeridos para su implementación en los sistemas bancarios, los reintegros correspondientes a todas las compras realizadas entre hoy y el 9 de marzo se acreditarán en las cuentas de los beneficiarios el 10 de marzo, según pudo saber Infobae de fuentes del sector financiero. A partir de ese día, la acreditación se hará el día hábil siguiente, tal como establece la normativa.
La medida fue dispuesta en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva estará vigente hasta fines de agosto, aunque podría ser prorrogada.
Si los beneficiarios la utilizan en su totalidad, tendrá un costo fiscal de $5.000 millones por mes que saldrán del Tesoro. Por ello, no se trata de fondos coparticipables.
El Gobierno aspira con esta decisión volcar $5.000 millones a la compra de alimentos en los sectores de más bajos ingresos, en un escenario que todavía no muestra señales de recuperación.
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