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Impuesto a la Riqueza: Corrientes lo declaró inconstitucional

La Justicia Federal de Corrientes declaró inconstitucional al Impuesto a la Riqueza por considerarlo "confiscatorio".

El Impuesto a la Riqueza surge de la "Ley de Aporte Solidario y Extraordinario" sancionada a fines del 2020, a través de la cual el Gobierno de ese momento estableció el pago de un impuesto de un único desembolso a las fortunas más grandes del país.

El “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” fue creado por el oficialismo en esa época complicada del país. El diputado Carlos Heller fue uno de sus principales impulsores. El Gobierno apoyó la idea basándose en que otros países adoptarían esquemas similares, sin embargo esto no ocurrió. Su implementación generó un malestar generalizado en inversores que ya afrontan una fuerte carga tributaria.

Corrientes le dijo “no” al Impuesto a la Riqueza

El juez correntino Gustavo del Corazón Fresneda hizo lugar a una acción promovida por Manuel Ulises Intra contra la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y dictó la inconstitucionalidad porque el tributo viola “garantías y principios constitucionales. La ley es violatoria del derecho de propiedad; principio de no confiscatoriedad; principio de razonabilidad y de capacidad contributiva", detalló.

Fresneda remarcó que el Impuesto a la Riqueza se implementó como un tributo, no como un aporte. Este es uno de los puntos clave para los especialistas.

“No lo quisieron llamar tributo para tratar de que no se aplique la jurisprudencia que tiene que ver el derecho tributario, y evitar que se sume a Bienes Personales, pero este falló está cerrando que al no ser voluntario tiene todas las características de un tributo más allá del nombre”, explicó Sebastián Domínguez de SDC Asesores Tributarios a un medio nacional.

¿Qué más dice el fallo del Impuesto a la Riqueza en Corrientes?

El Impuesto a la Riqueza provocaría una “manifiesta inadmisible absorción de la renta y el patrimonio, ya gravados por Ganancias y Bienes Personales, excediendo los límites razonables de imposición y resultado confiscatoria y violatoria del derecho a la propiedad a la luz de la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, señaló en el fallo.

“El examen minucioso de las constancias de la causa me conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca la garantía constitucional de inviolabilidad de la propiedad privada y afecta de manera inadmisible el principio de no confiscatoriedad, dado que quedó probado con la pericia y la documentación contable respaldatoria de modo concreto y categórico lo desmesurada que resulta la carga impuesta, y la misma restringiría de manera inadmisible su patrimonio y desnaturalizaría totalmente el derecho de propiedad del actor”, precisó el juez.

Ley de Aporte Solidario y Extraordinario: ¿En qué consistía?

La “Ley de Aporte Solidario y Extraordinario” fue sancionada a fines de 2020 para paliar los efectos económicos de la pandemia de COVID-19 y la consecuente cuarentena que rigió durante varios meses ese año. Durante aquel debate, los legisladores del oficialismo insistieron en reiteradas oportunidades que se cobraría “por única vez” a aquellas personas humanas con patrimonios superiores a los $200 millones.

El Gobierno preveía recaudar alrededor de 400 mil millones de pesos, sin embargo, un año más tarde -en diciembre de 2021-, la AFIP informó que el fisco recolectó $237.300 millones, poco menos del 60% de lo esperado, abonado por más de 10.000 personas. La iniciativa desató una ola de acciones judiciales para evitar su cobro y provocó que empresas, profesionales y técnicos probaran suerte fuera de Argentina. Lo que, según especialistas, desincentivó la inversión a nivel local.

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