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La investigación estará a cargo del juez federal Ariel Lijo luego de que el fiscal Guillermo Marijuan dictaminara en favor de dar curso a la denuncia presentada directamente por la ministra de Seguridad, Patricia Bullruich, el viernes pasado en base a una denuncia anónima.
La denuncia se basa en grabaciones de conversaciones telefónicas obtenidas ilegalmente en las que el funcionario desplazado conversaría con un contrabandista sobre lo que debería abonar para viabilizar operaciones aduaneras.
Gómez Centurión, que en algún momento fue candidato a ocupar la cartera de Defensa pero fue vetado por sus antecedentes como militar carapintada, fue desplazada del cargo por el titular de la AFIP, Alberto Abad, con la venia del presidente Mauricio Macri.
Marijuan también imputó al empresario paraguayo Carlos Oldemar Barreiro Laborda, alias "Cuqui", ex titular de la empresa de alarmas y recuperación de vehículos robados Lo Jack, quien sería su interlocutor en las conversaciones telefónicas llegadas de manera anónima a la cartera de Seguridad.
Por la mañana y antes aun de conocer la decisión del fiscal, Gómez Centurión se puso a disposición de la justicia a través de los dos abogados que designó para que lo defiendan y que con anterioridad defendieron al ahora presidente Mauricio Macri.
Se trata de Alejandro Pérez Chada, quien defendió a Macri cuando era jefe de gobieno porteño en la denuncia por 17 casos de violencia en desalojo de personas en situación de calle por la disuelta dependencia Ucep, y de Hugo Wortman Jofre, socio fundador del estudio Moreno Ocampo y vinculado al Grupo Clarín.
Gómez Centurión negó toda connivencia con contrabandistas y adjudicó la grabación obtenida de manera ilegal, a integrantes de la ex Side como "venganza" por la investigaciones que, según dijo, puso en marcha tras asumir el cargo, en diciembre pasado.
"Hay gente vinculada a (Antonio) Stiuso", dijo en referencia a el ex jefe de operaciones de la central de inteligencia estatal desplazado a fines del 2014 por el anterior gobierno, meses antes de la muerte del fiscal Alberto Nisman, a quien proveía de datos de inteligencia sobre el atentado la Amia de 1994.
La imputación de Marijuan fue genérica y sin una calificación precisa de los delitos por los cuales ya lo investiga el juez Lijo.
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