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SUSCRIBITE Imputaron a Mayra Mendoza por presunto desvíos de fondos.
TwitterLa intendenta del municipio bonaerense de Quilmes, Mayra Mendoza, fue imputada por el fiscal Ramiro González, en el marco del presunto desvío irregular de fondos desde su municipio a diversas cooperativas por un total de $535 millones.
Según la denuncia, las entidades habrían recibido fondos del municipio por aproximadamente 535 millones de pesos, entre diciembre de 2020 y febrero de 2022, y la acusación señala que están relacionadas con ex funcionarios del Municipio de Quilmes.
El fiscal impulsó la acción penal y le pidió una serie de medidas de prueba al juez federal Ariel Lijo, subrogante del juzgado 12 que salió sorteado para tramitar la causa.
De esta manera, no sólo apuntaron a la dirigente de La Cámpora, sino también al ex subsecretario de Hábitat de Quilmes, Sebastián Raspa, que estaría vinculado a la Cooperativa La Estrella y a la Federación de Cooperativas de Trabajo 1 de Mayo Ltda. Asimismo, imputaron también Martín Bordalejo, un abogado y ex funcionario de Quilmes que sería titular de sociedades y cuentas offshore; José Alejandro Scozzari (socio de Raspa y Bordalejo en una firma offshore), Romina Cangelosi (empleada municipal), Alejandro Gandulfo (jefe de gabinete municipal) y Cecilia Soler (secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Quilmes).
Las cooperativas que la fiscalía pidió analizar son la Federación de Cooperativas de Trabajo 1º de Mayo LTDA; la Cooperativa de Trabajo La Estrella LTDA; Cooperativa de Trabajo para el futuro LTDA; Cooperativa de Trabajo Progreso LTDA; Cooperativa de Trabajo Hasta la Victoria Siempre I LTDA; Cooperativa de Trabajo Rubén Rodríguez LTDA; Cooperativa de Trabajo Barrio Unido LTDA; Cooperativa de Trabajo La Unión de Azul LTDA; y Cooperativa de Trabajo Imprenta 19 de Febrero LTDA.
El fiscal González pidió al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) recabar sobre todos los fondos que recibieron esas cooperativas, además de relevar si hay similitudes en “patrones comunes tales como domicilios, correos electrónicos, personas responsables, etc”.
Según la denuncia que presentó el abogado Santiago Dupuy de Lomé, “las siete cooperativas de Raspa han obtenido una gran cantidad de contratos a raíz de su amistad con Mendoza que a sabiendas de eso le autorizó los contratos descuidando los fondos públicos que debe administrar”, manifestando que tales fondos no sólo eran direccionados hacia las referidas offshore, sino que también eran “para hacer caja para su agrupación política La Cámpora”.
La denuncia añadió que “la gente que prestaría funciones haciendo los trabajos que le son conferidos a Raspa recibían planes sociales otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, sin concedérsele remuneración alguna”, motivo por el cual “todos los fondos públicos van a parar a las arcas personales de Raspa y los demás con la venia de la intendente Mendoza y sus funcionarios”.
Otra de las medidas solicitadas por el fiscal al juez Lijo es un pedido de información al municipio de Quilmes para recibir la documentación relacionada con los contratos adjudicados a las cooperativas, y pedidos de información a la Inspección General de Justicia y a organismos de control para rastrear información sobre empresas que estarían relacionadas con los imputados.
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