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Dos muertos y más de 5.400 personas evacuadas y autoevacuadas en Chaco, Corrientes y Formosa, a raíz de las tormentas que cayeron en las últimas horas y que causaron inundaciones, anegamiento de calles, caída de árboles y voladura de techos, es el saldo de las inclemencias del tiempo. Una de las localidades más afectadas es Corzuela, donde cayeron más de 300 milímetros en las últimas horas.
Greenpeace advirtió que las inundaciones que actualmente sufre esa zona del país se deben a la destrucción de los bosques nativos, por el avance de la frontera agropecuaria y al aumento de las precipitaciones por el cambio climático. Chaco, según datos de esa organización, es la provincia en donde más bosques se destruyeron durante los últimos tres años: más de la mitad de la deforestación se realizó en zonas protegidas por la Ley de Bosques.
“No es casual que las provincias que concentran el 80% de la deforestación en el país -Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta- sean las más afectadas por las inundaciones. Lamentablemente, esto continuará: los campos son cada vez más permeables y no bastarán inversiones millonarias para volver a restaurar el equilibrio del suelo”, dijo Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace.
“La fragilidad ambiental propia de los suelos desmontados que colapsan y las excesivas precipitaciones son el denominador común de estas provincias, que además complican su situación al destruir de manera ilegal bosques protegidos”, agregó la vocera, y apuntó al gobierno provincial y a los grandes empresarios agropecuarios que en complicidad realizan esas acciones en zonas prohibidas por la normativa nacional, ya que se había autorizado de manera irregular el desmonte en una superficie de más de 50 mil hectáreas.
“Chaco soporta en pocos meses recurrentes inundaciones. Pese a que la sociedad se moviliza en defensa de los bosques, los desmontes ilegales ordenados impunemente por el gobernador Peppo no se detienen. Un claro ejemplo es el establecimiento Monterrey, pegado al Parque Nacional Copo, donde ahora mismo se están arrasando más de dos mil hectáreas protegidas por ley”, expresó Cruz. “Es necesario que se detengan estos crímenes ambientales y también es necesario no perder de vista quién es el responsable. En Chaco, emergencia hídrica equivale a emergencia forestal”.
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