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SUSCRIBITEEl Gobierno de Javier Milei solicitó medidas urgentes para impedir el avance de un proyecto petrolero en aguas cercanas a las Islas Malvinas.
Islas Malvinas: Argentina pidió al Tribunal del Mar frenar la explotación petrolera de Sea Lion
El Gobierno argentino presentó este martes 13 de octubre una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con el objetivo de frenar la explotación de petróleo del proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. La iniciativa forma parte de una estrategia jurídica y diplomática para defender los derechos que reclama Argentina sobre los recursos naturales de la zona.
La presentación se realizó después de que venciera el plazo de dos semanas que el presidente Javier Milei había otorgado al Reino Unido para detener las actividades petroleras. Ante la falta de una respuesta favorable de Londres, el Gobierno nacional decidió avanzar con el reclamo ante el organismo internacional, con sede en Hamburgo, Alemania.
Según informó la Oficina del Presidente, el pedido busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido profundicen la controversia existente entre ambos países.
La solicitud apunta a que el Tribunal disponga medidas urgentes para impedir nuevos avances del proyecto Sea Lion mientras se desarrolla el arbitraje internacional que deberá analizar el conflicto.
El planteo se fundamenta en el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que permite solicitar medidas provisionales antes de la conformación del tribunal arbitral encargado de resolver la controversia principal.
En términos prácticos, se trata de una medida similar a una cautelar judicial. Su finalidad es evitar que las actividades petroleras continúen avanzando mientras se determina si existen incumplimientos de las obligaciones internacionales.
El organismo deberá evaluar si corresponde intervenir y si existe una situación de urgencia que justifique adoptar restricciones sobre el emprendimiento. La presentación argentina no implica una suspensión automática de las actividades.
Sea Lion es un proyecto de explotación de hidrocarburos ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en una zona marítima sobre la que Argentina mantiene su reclamo de derechos soberanos.
El emprendimiento es desarrollado por la empresa israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación, y la compañía británica Rockhopper Exploration, propietaria del 35% restante.
El proyecto contempla una primera etapa con once pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo.
De acuerdo con la planificación empresarial, las perforaciones de desarrollo están previstas para 2027, mientras que el inicio de la producción comercial se proyecta para el primer trimestre de 2028.
Esta situación genera preocupación en el Gobierno argentino, que busca una resolución internacional antes de que comiencen las perforaciones y se concreten nuevas inversiones en el yacimiento.
La Argentina ya recurrió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar en 2012, durante el conflicto por la retención de la Fragata ARA Libertad en Ghana, a raíz de un reclamo de acreedores de la deuda soberana.
En aquella oportunidad, el organismo internacional ordenó la liberación inmediata e incondicional del buque, luego de que el Gobierno argentino solicitara medidas provisionales.
Otro antecedente es la controversia marítima entre Ghana y Costa de Marfil, en la que el Tribunal dispuso restricciones sobre nuevas perforaciones petroleras en una zona en disputa.
Estos casos muestran que el organismo puede adoptar decisiones urgentes antes de que concluya el proceso judicial principal, aunque cada controversia requiere una evaluación particular. Opinio Juris+1
La postura del Gobierno nacional se apoya en la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas y en su rechazo a la explotación unilateral de recursos naturales en los espacios marítimos disputados.
La Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, aprobada en 1965, reconoció la existencia de una disputa entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas e instó a ambos países a negociar una solución pacífica.
En este contexto, la administración de Javier Milei sostiene que la extracción de petróleo representa un riesgo particular por tratarse de un recurso no renovable. Según la posición argentina, una explotación que avance antes de una resolución internacional podría generar consecuencias difíciles de revertir.
Por su parte, el Reino Unido defiende las autorizaciones otorgadas para el desarrollo petrolero y sostiene que las actividades se ajustan al marco legal aplicable.
El próximo paso será que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar evalúe la solicitud presentada por Argentina y determine si corresponde adoptar medidas provisionales.
Los jueces podrán aceptar el pedido, rechazarlo o disponer restricciones de diferente alcance. Si se ordenan medidas, estas tendrán carácter obligatorio para las partes mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente. Tribunal del Mar+1
Hasta el momento, no se anunciaron fechas de audiencia ni de resolución. Por los antecedentes del organismo, una primera definición podría conocerse en las próximas semanas, aunque no existe un plazo confirmado para este caso.
Mientras tanto, la Argentina busca impedir que el proyecto avance hacia la etapa de perforaciones prevista para 2027, en una nueva instancia del histórico reclamo por la soberanía y los recursos naturales de las Islas Malvinas.
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