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Senado. Hoy aprobó el proyecto oficialista de reforma al sistema de jubilaciones de privilegio.
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Esta tarde de jueves, tras seis horas de debate, el Senado aprobó el proyecto de ley que modifica las jubilaciones de jueces y diplomáticos con 41 votos a favor y 21 en contra. Además, le dio ingreso formal al pliego que envió el presidente, Alberto Fernández, para la candidatura a la Procuración General.
Por las precauciones que exigen los protocolos para evitar la expansión del coronavirus, solo entraron al recinto los senadores y fotógrafos. Estuvo prohibido el ingreso a periodistas y asesores para "reducir lo más posible la agrupación de gente". Además, hubo tres legisladores que faltaron por precaución: Roberto Basualdo, quen volvió de un viaje en el exterior, y Adolfo Rodríguez Saá y Carlos Menem por ser factores de riesgo.
El presidente de la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Daniel Lovera, fue quien defendió el proyecto del Gobierno: "El déficit del régimen especial del poder judicial es de $ 9.200 millones para este año, que deberán ser cubiertos con recursos del régimen general, que financiamos todos".
En la vereda de enfrente, el radical Martín Lousteau dijo que el proyecto es "improvisado", tiene "inconsistencias" y no quita privilegios a los jueces y magistrados: "Que sean tratados como cualquier hijo de vecino si queremos terminar con la inequidad, ser solidarios y atacar el problema de sustentabilidad", dijo y agregó: "Los jueces cobran en realidad el 93% móvil, tal como lo reconoció el secretario de Seguridad Social de la Nación y los del servicio exterior el 88% móvil. A su vez, estos 200 mil jubilados tuvieron un aumento de más del 35 % del que tuvieron los jubilados rasos, que son 6,6 millones. Pero a esos a los que se los trata mejor le pagan el resto de los jubilados a los que les congelamos la movilidad”.
El proyecto
La reforma aprobada hoy recibió algunas modificaciones en Diputados, donde fue aprobada en febrero. Aumenta del 12% al 18% los aportes adicionales de los jueces y establece el 82 % móvil sobre un promedio de los sueldos actualizados de los últimos diez años (120 remuneraciones), y no sobre el último.
Además, exige un trabajo mínimo de 10 años de forma continua o 15 de manera discontinua. Obliga a cesar efectivamente en la función para poder jubilarse y elimina la permisión de que magistrados y funcionarios jubilados puedan ser convocados como reemplazos en casos de licencias o vacancias. Finalmente, extiende progresivamente la edad jubilatoria para varones a los 65 años y mantiene en 60 las de las mujeres.
Desde Juntos por el Cambio dicen que coinciden con “el espíritu” de la ley pero proponen una "reforma más integral" y plantea analizar todos los regímenes especiales y que el Ministerio de Trabajo elabore anualmente un informe sobre la sustentabilidad económica, financiera y actuarial de los subregímenes previsionales administrados por la Nación.
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