En el marco de una gran tensión entre Nación y Ciudad de Buenos Aires por la presencialidad escolar, la Corte Suprema podría resolver la semana que viene sobre el amparo del Gobierno porteño en reclamo de clases presenciales, considerando que los jueces aceptaron tratar el conflicto. En un período de cinco días el Ejecutivo deberá aportar pruebas y contestar consultas del máximo tribunal.
La Corte Suprema podría definir cómo continúan las clases en AMBA
En un período de cinco días el Ejecutivo deberá aportar pruebas y contestar consultas del máximo tribunal. La próxima semana se podría resolver el conflicto.
El planteo de Capital Federal va en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Alberto Fernández que implementa una serie de limitaciones por el aumento de contagios de coronavirus. Entre ellas la suspensión por 15 días de la actividad en las escuelas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)
En este sentido, el ministro de Justicia Martín Soria sostuvo: “Sería bueno que la Corte actúe rápidamente así como lo hicieron con un per saltum que pidieron jueces puestos por Macri”. Los dichos del funcionaron fueron en relación a las presentaciones de los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli para que no los removieran de los cargos que ocupan en la Justicia federal penal.
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Los jueces del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti aceptaron tratar el amparo, al considerar que “la presente causa es de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, mientras que Elena Highton de Nolasco votó en disidencia. El máximo tribunal notificó de la decisión a las partes y le libró oficio a la Jefatura de Gabinete de Ministros a cargo de Santiago Cafiero para que realice sus planteos en el plazo de cinco días hábiles.
Si bien la Corte Suprema estará en condiciones de resolver el mismo viernes, cuando se cumpla el mencionado período, se espera que su pronunciamiento no sea inmediato. Ante este escenario, el Gobierno apunta a conseguir un fallo de la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal que revierta el emitido por la Cámara de Apelaciones porteña. Una vez que esto suceda, será más probable que el máximo tribunal se expida sobre la cuestión.
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