La Cámara Federal ordenó reabrir esta semana la investigación por el caso del Vacunatorio VIP, a la par en que pidió profundizar en la investigación de los funcionarios que permitieron despachar dichas vacunas y también a quienes las recibieron dentro del Ministerio de Salud, del Hospital Posadas de Buenos Aires y en la ciudad santacruceña de El Calafate.
El planteo fue hecho a lugar por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, ante un pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que reclamaron que parte de la causa no sea archivada. Según la resolución, el orden de prioridades para darse la vacuna no era simultáneo para personal de salud, mayores de 60 y personal estratégico. Y subrayó que, en ese momento, las vacunas eran “un bien escaso” que el Estado debía administrar.
“Será necesario indagar -siguiendo el esquema que la causa trazó tras la decisión aquí revisada- qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular”, señala la resolución.
El fallo plantea que los que recibieron las vacunas podrían ser partícipes del delito que se investiga. “Máxime cuando se desconoce, además, en qué carácter fueron vacunados, si esa cualidad fue real o asignada al sólo efecto de burlar los requisitos del sistema de vacunación implementado y, en este caso, si esa ficción fue así declarada por el beneficiario o por quien tenía la labor de carga de los datos oficiales”, dijeron los camaristas.
En esa lista de vacunados VIP aparecen desde el presidente Alberto Fernández y sus colaboradores más cercanos hasta el Procurador del Tesoro Carlos Zannini y su esposa, el periodista Horacio Verbitsky, el ex presidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” González y las hijas de ambos, el ministro de Economía Martín Guzmán, el canciller Felipe Solá, el embajador en Brasil Daniel Scioli , el ministro de Defensa Jorge Taiana y el diputado Eduardo Valdés. También el ex ministro de Salud Ginés González García y varios empresarios amigos suyos.
Muchos de ellos -el presidente incluido- fueron anotados como personal de salud, según los listados del Posadas.
A partir de la resolución de la Cámara, la jueza Capuchetti deberá profundizar la investigación sobre aquellos que permitieron que allegados al Gobierno y funcionarios se vacunaran contra el Covid-19 antes de tiempo. La magistrada había entendido que no estaba claro el delito a investigar, más allá de los cuestionamientos éticos.
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