Uno de los principales cambios de esta nueva ley está relacionados con el contrato de locación. Recordemos que la norma había sido sancionada por el Congreso Nacional el pasado 11 de junio.

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En cuanto a los inquilinos por ejemplo, se dispone de un aumento de entre 2 a 3 años de duración los contratos y también se habilita la obligación de proponer dos tipos diferentes de garantías que puede elegir el propietario.

Estos son los principales puntos y cambios que entraron en vigencia:

* El anticipo y el depósito de garantía no pueden ser mayores al equivalente a un mes de alquiler, respectivamente.

* El reintegro del mes de garantía debe realizarse en efectivo al momento de la restitución del inmueble y al valor del último mes de alquiler.

* El plazo mínimo del contrato se amplió de dos a tres años (con las excepciones previstas en el artículo 1199 del Código Civil y Comercial de la Nación).

* Aquellas expensas que deriven de gastos habituales, es decir, vinculados a los servicios normales y permanentes a su disposición quedan a cargo del inquilino.

* Las denominadas expensas extraordinarias, así como impuestos sobre la propiedad (ABL por ejemplo) correrán por cuenta del propietario del inmueble.

* Los gastos a cargo del propietario del inmueble pueden ser compensados por el inquilino con el importe de los alquileres, previa notificación fehaciente.

* La intermediación solo puede estar a cargo de un profesional matriculado para el corretaje inmobiliario.

* Garantía: el inquilino debe proponer al menos dos alternativas entre título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución, fianza o garantía personal (recibo de sueldo, certificado de ingresos, etc.).

* Sobre el valor de la garantía, el propietario no puede requerir garantía que supere el equivalente a cinco veces el valor mensual de la locación, salvo el caso de que la garantía sea de ingresos, en cuyo caso puede elevarse a diez veces.

* Respecto a la indexación del precio del alquiler solo se admiten ajustes anuales, que deben seguir un índice conformado en partes iguales por el IPC (Indice de Precios al Consumidor) y el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), es decir que la actualización del alquiler surgirá del promedio entre inflación y evolución de los salarios.

* Se estableció la obligatoriedad de declarar los contratos de locación ante la AFIP.

* Se creó el Programa Nacional de Alquiler Social para la adopción de medidas que faciliten el acceso a la vivienda digna en alquiler mediante contratación formal; entre ellas: la especial consideración de las personas en situación de violencia de género, la regulación de la actividad de las entidades que otorgan garantías de fianza o seguros de caución, la promoción de un seguro obligatorio para cubrir las faltas de pago de alquileres y las indemnizaciones por daños y ocupación indebida de inmuebles.

* Se dispuso el desarrollo de mecanismos de bajo costo o gratuitos para la resolución de conflictos derivados de los contratos de locación.

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