El precio de venta en el Banco Nación y en los bancos privados a partir de la promulgación de la Ley será un 30% más caro.
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SUSCRIBITE El precio de venta en el Banco Nación y en los bancos privados a partir de la promulgación de la Ley será un 30% más caro.
Cabe destacar que sigue vigente la restricción de compra de 200 dólares por personas por mes. Con el dólar a 63, 30 el viernes, quienes podían comprar dentro de su cupo mensual, equivalía a $12.600 y desde mañana representará un desembolso de $16.380, es decir $3.780 más.
El recargo se aplicará tanto a las compras para atesoramiento como a las realizadas para viajes al exterior o en operaciones con tarjeta de crédito, aunque en este caso, luego de las dudas iniciales, se aclaró que las compras concretadas antes de la puesta en vigencia de la nueva ley no serán alcanzadas por el 30% adicional.
El impuesto del 30% creado para la compra de moneda extranjera “sin fin específico” no hace más que agregarle un nuevo capítulo a la saga de “desdoblamientos” del tipo de cambio en los que Argentina hace escuela a nivel mundial.
El tipo de cambio más bajo será el percibido por el agro y el más alto, el que pagarán los ahorristas. Hay más de una decena de tipos de cambio diferenciados.
La reglamentación fue finalmente efectivizada con la publicación del decreto 58/2019, que lleva la firma tanto del presidente Fernández como del resto de los ministros que integran su gabinete.
El proyecto oficial fue convertido en ley por el Senado en la madrugada del sábado, con 41 votos a favor, 23 en contra y una abstención y, el viernes, también a la madrugada, había sido aprobada por la Cámara de Diputados por 134 votos a favor y 110 en contra.
La ley contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
Entre otros aspectos plantea una reestructuración del cuadro tarifario de la energía, tanto para hogares como para empresas, utilizando "criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva".
Asimismo, establece planes de regularización de deudas para las pequeñas y medianas empresas, suspende la aplicación de la movilidad jubilatoria por 180 días -tiempo en el que se discutirá una nueva fórmula y se aplican aumentos por decreto- y aplica un 30% de impuesto a la compra de dólares para atesoramiento al uso de tarjetas de crédito y débito en moneda extranjera.
A su vez, fija un tope del 33% para los derechos de exportación de soja, un 15% para el maíz y un 5% para bienes industrializados de economías regionales, mientras que para los hidrocarburos y la minería el techo es de 8%.
Por último, establece nuevas alícuotas al impuesto de Bienes Personales, así como a la venta de automóviles y elimina la imposición de cargas a las ganancias obtenidas con instrumentos financieros en pesos (bonos o plazos fijos).
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