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SUSCRIBITE Según explicó Garré a través de su cuenta en Facebook, "el Ministerio de Seguridad elevó a la Justicia el resultado de una pormenorizada investigación en torno a lo que en la jerga se conoce como "quintas", o cohecho, que involucra a algunos funcionarios policiales", y señaló que "no es la primera investigación de este tipo" que se judicializa desde la creación ese organismo.
"En cada oportunidad que los mecanismos de control político descubren connivencia con el delito por parte de agentes del Estado, nos embarga el desconcierto. A nosotros, los funcionarios políticos, y seguramente también a todos los policías, gendarmes y prefecturianos honestos que, estoy convencida, son la mayoría de los efectivos de nuestras fuerzas federales", relató la ministra.
Es por ello que Garré subrayó que "la complicidad con el delito es grave, y más aún cuando los involucrados son los mismos que deberían confrontarlo".
"Las policías están en la primera línea de lucha contra el delito. En todas partes del mundo esto representa un riesgo de corrupción por los volúmenes de dinero que maneja el crimen, pero
fundamentalmente por la tentación de ejercicio absoluto de autoridad. Ese es el origen de las `quintas` que denunciamos, los sistemas de recaudación ilegal o la `venta de protección`", agregó.
En ese sentido, y "más allá de los hallazgos de irregularidades elevadas a la Justicia (y que se tramitan en tres juzgados)", la ministra destacó "la importancia del control por parte del poder político legítimamente constituido".
"Quiero enfatizar que el `control político` puesto en marcha es -porque "debe ser"- `institucional`", no `personal`, para evitar que al cambiar una gestión política, la inercia corporativa empuje un reacomodamiento a la situación de autogobierno precedente".
Por ello, el Ministerio creó -entre otros mecanismos de control- un “Area de Recepción de Denuncias”, que incluye una línea telefónica gratuita para la ciudadanía (0800-555-5065) y diseñada para tales fines.
El pasado jueves, veinte policías federales de tres seccionales porteñas fueron denunciados penalmente por orden de la ministra acusados de diversos delitos, entre ellos cobrar coimas para permitir la venta de drogas y el funcionamiento de prostíbulos.
El Ministerio de Seguridad informó que se trataba de cuatro comisarios, un comisario inspector, cinco subcomisarios, dos subinspectores, un sargento, cinco cabos primeros, un cabo y un agente, de las seccionales 7ma, 28va y 44ta de la Policía Federal (PFA).
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