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SUSCRIBITECon un decreto en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional derogó una norma de 1993 que regulaba los aranceles de los colegios privados en todo el país.
Desregularon las cuotas de los colegios privados.
El Gobierno nacional oficializó este martes la desregulación de los aranceles en los colegios privados de la Argentina. La medida, establecida mediante el Decreto 787/2025, pone fin a más de treinta años de control estatal sobre el valor de las matrículas y las cuotas, otorgando a las instituciones la posibilidad de fijar libremente sus precios sin autorización previa del Estado.
La decisión se conoció en la madrugada, cuando se publicó el decreto en el Boletín Oficial. La nueva normativa deroga el Decreto 2417/1993, que durante tres décadas reguló la relación entre el Estado y los establecimientos educativos de gestión privada.
Con la eliminación del régimen anterior, los colegios ya no deberán comunicar ni solicitar autorización antes de aplicar cambios en sus aranceles. Según el texto oficial, el sistema vigente “limitaba la capacidad de las instituciones para adaptarse a las realidades económicas y educativas del país”.
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo explicó que la normativa derogada respondía a un contexto distinto, cuando la administración de la educación aún dependía del Gobierno nacional. Ahora, con las competencias transferidas a las provincias, se consideró necesario actualizar el marco normativo para facilitar la gestión de los colegios privados.
El documento señala que el control de precios “generó efectos contraproducentes que afectaron el funcionamiento y la viabilidad económica” de los institutos. También remarca que la exigencia de informar y autorizar las cuotas con anticipación impedía reaccionar ante los cambios económicos del país.
Desregularon las cuotas de los colegios privados.
El decreto resalta la importancia de garantizar la libertad de los establecimientos para definir sus propias condiciones de contratación y los salarios de sus empleados. Según el texto, la rigidez del sistema anterior podía afectar la calidad educativa, ya que los colegios no podían ajustar sus tarifas frente al aumento de los costos operativos o salariales.
La medida busca “favorecer un entorno más flexible para la gestión educativa”, en el marco del principio de libre contratación. Además, sostiene que permitir la competencia entre instituciones “podría generar una oferta más amplia y diversa” dentro del sistema de educación privada.
En el mismo decreto, el Ejecutivo instruyó al Ministerio de Capital Humano y a la Secretaría de Educación a revisar el Decreto 2542/1991, que fija las pautas de financiamiento de la educación privada. El objetivo será adaptar el sistema a la nueva política de libre determinación de precios y establecer criterios actualizados de funcionamiento.
De esta forma, el Gobierno busca avanzar hacia un modelo donde las instituciones educativas puedan definir sus políticas de precios y condiciones económicas “en función de las demandas del mercado y dentro de un marco de competencia leal”.
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