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SUSCRIBITECancillería informó cerca de 180 advertencias, 60 procedimientos y tres denuncias penales vinculadas a actividades en las islas.
Islas Malvinas.
El Gobierno argentino rechazó la guía difundida por el Reino Unido para respaldar a empresas, proveedores e inversores que desarrollan actividades en las Islas Malvinas y anticipó que profundizará las medidas contra aquellas compañías que operen sin autorización argentina.
La respuesta se conoció luego de que Londres publicara un documento dirigido a compañías y particulares vinculados directa o indirectamente con la economía de las islas. En esa guía, el Gobierno británico sostiene que Argentina no ejerce jurisdicción sobre el archipiélago y que la legislación argentina no resulta aplicable allí.
Desde Cancillería rechazaron esa posición y ratificaron que continuarán aplicando la legislación nacional vinculada con las actividades hidrocarburíferas.
El Ejecutivo ratificó la aplicación de las leyes 26.659 y 26.915, relacionadas con actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina. Según informó el Gobierno, ese marco fue reforzado mediante el Decreto 868/2026.
“Ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho nacional argentino y del derecho internacional”, expresó Cancillería en su respuesta.
El Gobierno sostuvo que continuará avanzando contra empresas, inversores y proveedores que participen directa o indirectamente de actividades que Argentina considera no autorizadas.
Cancillería también dio a conocer el alcance de las medidas que ya se encuentran en marcha. Según informó, fueron enviadas cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas de 30 países relacionadas con actividades en las islas.
Además, existen 60 procedimientos administrativos en curso y fueron presentadas tres denuncias penales que alcanzan a diez empresas y sus directivos.
El planteo argentino no se limita a las compañías que operan directamente en Malvinas, sino que también alcanza a contratistas, proveedores, inversores y otros actores vinculados con esas actividades.
Uno de los principales focos mencionados por el Gobierno es Sea Lion, el proyecto petrolero previsto en la Cuenca Malvinas Norte.
Cancillería hizo referencia a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum y volvió a cuestionar las licencias otorgadas para avanzar con la explotación de hidrocarburos.
En ese contexto, el Gobierno convocó a los embajadores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de Israel para transmitir formalmente sus objeciones por el avance del proyecto y por las actividades relacionadas con licencias, incentivos y contratación de proveedores.
La respuesta argentina también hizo referencia a la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras permanece pendiente una solución a la disputa de soberanía.
Finalmente, Cancillería reiteró la disposición argentina a reanudar negociaciones bilaterales con el Reino Unido por la cuestión de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
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