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SUSCRIBITE Acorralado por el tiempo y en una clara reacción tardía, el Gobierno avanza en una embestida jurídica y política a nivel global para frenar cualquier reclamo de organismos internacionales que exija la liberación inmediata de la dirigente jujeña de Tupac Amaru, Milagro Sala.
La estrategia oficial tiene tres frentes simultáneos: convencer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y al Comité de Discriminación de la ONU que la detención de Sala está justificada por las causas de defraudación y malversación de fondos que se le acusa y, a la vez, responder a los requerimientos legales del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que pidió en un extenso informe la liberación de la dirigente jujeña. Este grupo de la ONU enviaría una misión especial a la Argentina antes de diciembre, como parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Según pudo saber LA NACION, la canciller Susana Malcorra; el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, elaboraron en las últimas horas una estrategia común para evitar otro informe adverso de un organismo internacional que ponga en aprieto al presidente Mauricio Macri ante el caso Sala.
Así, el Gobierno ganaría tiempo para que la justicia jujeña emita en lo inmediato un fallo firme sobre las causas de corrupción que justifiquen la detención de Sala.
El embajador de Derechos Humanos de la Cancillería, Leandro Despouy, y el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Cantón, viajaron ayer a Washington para reunirse con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que en diciembre se reunirá en Panamá y podría emitir un informe sobre la situación de Sala, a causa de las denuncias presentadas por el CELS y por la oficina argentina de Amnistía Internacional. Existe el temor de que la Comisión Interamericana asimile los fundamentos del Grupo de Trabajo de la ONU y también declare la "detención arbitraria" de Sala. Los miembros del grupo de Naciones Unidas son muy respetados en la OEA y los informes que emiten tienen relevancia mundial.
"Hay que actuar rápido y plantear tres temas: que Sala nunca tuvo fueros del Parlasur al ser detenida, que nadie tomó en cuenta las causas por corrupción y que jurídicamente ya fue exculpada de la causa por la que estuvo detenida por levantar una protesta social", dijo a La Nación un destacado funcionario. A ello, el oficialismo añadirá que la justicia de Jujuy decidió la detención en "abierta independencia de poderes y respeto al federalismo".
La intención oficial de "actuar rápido" tiene una razón de ser: un amplio sector del Gobierno cuestionó a Malcorra y al embajador argentino ante Naciones Unidas en Ginebra, Marcelo Cima, por no haber reaccionado con celeridad y rigor antes de que se emita el informe del Grupo de Trabajo de la ONU. En el punto 176 del documento se destaca que "no recibió información relevante" de la Argentina sobre "las acciones legales adoptadas entre 2010 y diciembre de 2015, período sobre el que tuvo conocimiento sobre presuntos hechos delictivos de la señora Sala", en relación con las causas de malversación de fondos y fraude.
En esa estrategia internacional contrarreloj, Avruj viajará el 21 de noviembre a Ginebra para participar de una audiencia del Comité de Discriminación de la ONU, donde se espera que el tema Sala se instale en el debate sobre el capítulo argentino.
Fuente: La Nación
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