A través de un decreto de necesidad y urgencia, el presidente Alberto Fernández declaró la emergencia pública en materia ocupacional por el término de 180 días. Será aplicable a los casos de despido sin justa causa durante la vigencia del mismo. En caso de que los trabajadores se vean afectados, tendrán derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad a la legislación vigente.
Se señaló desde el Ejecutivo que la tasa de desempleo se incrementó hasta el 10,6% en el segundo trimestre de 2019, un punto porcentual superior a un año atrás, con tasas que en el caso de los jóvenes superan el 18% en los varones y el 23% entre las mujeres.
La medida indica que la dinámica del empleo asalariado registrado privado durante el último año, tiene un descenso de 139 mil trabajadores y trabajadoras que han quedado fuera del mercado laboral en el periodo septiembre 2018-2019.
Este decreto no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia.
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