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SUSCRIBITEEn Salta presentaron un proyecto de reforma del Código Contravencional para endurecer multas contra los “trapitos”.
Salta avanza contra los “trapitos" (Foto ilustrativa)
El intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, y el senador provincial por Capital, Gustavo Carrizo, presentaron un proyecto de reforma del Código Contravencional que propone endurecer las sanciones contra los conocidos “trapitos”, personas que exigen pagos indebidos por el cuidado de vehículos en la vía pública.
La iniciativa busca reforzar la seguridad urbana y brindar mayor protección a los vecinos frente a situaciones de intimidación o cobro compulsivo. “Existen situaciones de presión, exigencias de dinero y amenazas, especialmente durante la noche o en horarios de eventos. Es necesario que estas prácticas tengan consecuencias claras”, dijo Durand.
El proyecto contempla multas económicas y la posibilidad de arresto para quienes realicen este tipo de prácticas sin autorización y mediante presión hacia los automovilistas. “Establecer reglas claras es clave para asegurar la convivencia urbana y proteger a los vecinos”, afirmó.
El proyecto ya fue presentado formalmente y será analizado en las comisiones correspondientes de la Legislatura provincial. “Es una oportunidad para resolver un problema que afecta a toda la comunidad”, señaló Durand.
Salta avanza contra los “trapitos" (Foto ilustrativa)
Según explicaron las autoridades, el objetivo es poner fin a una problemática que se repite en distintos puntos de la ciudad y que genera malestar entre los vecinos. Carrizo señaló que la policía y la justicia actualmente cuentan con herramientas limitadas para actuar:
“Hay comportamientos que superan los límites y ponen en riesgo la convivencia y la seguridad. La reforma permitirá intervenir de manera más eficaz”. Con la reforma, se espera dotar al municipio y a la Justicia contravencional de herramientas más firmes para intervenir y prevenir situaciones de violencia o extorsión en el espacio público.
La iniciativa propone elevar el máximo de arresto de 20 a 40 días y habilitar que pueda ser de cumplimiento efectivo en casos agravados, que pueden ser cuando la conducta esté dirigida contra una mujer; cuando afecte a personas mayores; cuando exista organización previa, con jefes o coordinadores; cuando ocurra en sectores cercanos a eventos masivos o zonas de gran afluencia o cuando el infractor tenga reincidencia.
Los ideólogos de la propuesta indicaron que serán elementos de pruebas para las penas las denuncias, grabaciones, vídeos de cámaras de seguridad, informes policiales y testimonios, además del material que aporten las víctimas.
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