Con 60 votos afirmativos y uno negativo, durante la noche de este jueves, el Senado de la Nación Argentina aprobó el proyecto de ley de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y la tuberculosis.
Senado: aprobaron la Ley de VIH y otras enfermedades
La nueva ley que contempla a enfermos de VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y tuberculosis, prevé una asistencia integral.
La misma le da un enfoque biomédico con perspectiva de género y derechos humanos a la vieja normativa, y fue elaborada en conjunto con organizaciones que vienen impulsando esta reforma desde 2013.
Objetivos de la nueva ley
El proyecto apunta a la erradicación de las prácticas discriminatorias; la prohibición definitiva de la prueba del VIH y otras ITS como parte de los exámenes preocupacionales; el impulso a la producción pública de medicamentos e insumos; la participación activa de las personas con diagnóstico positivo en el diseño de políticas; y la posibilidad de jubilarse anticipadamente o de acceder a una pensión no contributiva de carácter vitalicio en caso de situación de vulnerabilidad social.
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Además, la iniciativa destina todo un capítulo a "las mujeres y personas con capacidad de gestar", consagrando los derechos que les asisten en relación al acceso a la información (sobre su propia salud y la del bebé, pero también sobre las opciones de parto "favoreciendo el derecho al parto vía vaginal"), así como a la atención integral durante el embarazo y posparto.
Establece que los programas de promoción de la salud y prevención del VIH, hepatitis virales, y otras ITS deben "tener en cuenta las discriminaciones y violencias que sufren las mujeres".
También plantea la creación de dos nuevos regímenes de la seguridad social para personas con VIH o hepatitis B o C: una jubilación anticipada para quienes tengan más de 50 años, 20 de aportes y al menos 10 años como persona positiva; y una pensión no contributiva igual al 70% del haber mínimo para aquellos mayores de 18 años que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
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