Alquileres. 

Vence el DNU que posterga aumentos y desalojos de alquileres

La medida adoptada durante el aislamiento obligatorio vence este miércoles y ya se ratificó que no se prorrogará.

Por  Nestor Vivas

El próximo miércoles 31 vence el DNU 61/21, que ordenó la suspensión de los desalojos por falta de pago, prorrogó la duración de los contratos de alquiler y pospuso los aumentos para un posterior refinanciamiento. El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, aseguró que tras el descongelamiento "no habrá posibilidad de desalojos sin mediación”, dado que "lo más fuerte en la reglamentación de la Ley de Alquileres es la mediación de los desalojos y la inscripción en AFIP de los contratos".

La Ley de Alquileres establece que el Ministerio de Justicia debe facilitar ámbitos de mediación y arbitraje gratuitos o de bajo costo para la resolución de conflictos derivados de los alquileres. En tanto, la obligatoriedad de inscribir los contratos en AFIP entró en vigencia a comienzos de mes, y los propietarios que no tengan registrado el contrato podrán ser multados, al tiempo que no podrán llevar adelante juicios de desalojo. Aunque la medida es para aquellos contratos firmados luego de junio de 2020. También se aumentó de 6 a 12 el número máximo de cuotas que los locatarios tienen para saldar las deudas por “diferencia de precio y por falta de pago, pagos realizados fuera de los plazos contractuales pactados o pagos parciales”.

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Jorge Ferraresi. /Foto: archivo La Nación

Jorge Ferraresi. /Foto: archivo La Nación

A nivel nacional también se trabaja sobre un “Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar de Alquileres Formales”, con el objetivo de obtener información sobre las personas que incumplieron contratos de alquiler y podrían ser echadas de sus casas próximamente. Mediante la Resolución 88/2021, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat las autoridades establecieron un mecanismo para recopilar datos “sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales” contra determinados inquilinos. Así, se busca evitar un posible perjuicio contra aquellos que se vieron beneficiados por el congelamiento de los alquileres, medida que se tomó inicialmente al comienzo de la cuarentena y que después se fue prorrogando sucesivamente.

Sin embargo algunas organizaciones, asociaciones civiles, agrupaciones de inquilinos, entre otros, piden que se prorroguen estas medidas y, en paralelo, impulse políticas públicas que garanticen el derecho a la vivienda, de lo contrario, miles de familias podrán ser desalojadas en las próximas semanas. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia por ejemplo plantea que este protocolo tan solo está destinado a recabar información, sin establecer mecanismos claros de cómo se gestionará ni cómo el Ministerio actuará como mediador. Al mismo tiempo, deja por fuera a los alquileres informales, que representan al sector más vulnerable de la población inquilina del país. En este sentido, consideran que las acciones tomadas son “completamente insuficientes y fragmentadas para afrontar esta problemática”.

Por su parte, la Federación de Inquilinos pidió al Presidente Alberto Fernández y al Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat que:

• Extienda el decreto que suspende desalojos, congela el precio de los alquileres y extiende automáticamente los contratos de alquiler hasta que elabore y ponga en marcha un plan de desendeudamiento de las familias inquilinas para que nadie quede en la calle en el advenimiento de la segunda ola que golpea cruelmente a toda la región.

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