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SUSCRIBITE Alberto Fernández habló de las medidas adoptadas por el coronavirus
Desde que el presidente, Alberto Fernández, envió al Congreso un proyecto de ley para modificar las jubilaciones de privilegio de funcionarios del Poder Judicial y Cancillería, ya renunciaron diez jueces. El proyecto llegó al Poder Legislativo el viernes a través de la Cámara de Diputados y desde entonces el rechazo del universo judicial no tardó en aparecer; incluso advirtieron sobre renuncias masivas.
Según datos publicados por el portal Infobae, las diez dimisiones de jueces fueron presentadas entre el martes y el jueves de esta semana y todas corresponden a magistrados de Capital Federal o la Justicia Federal. Además, también habrían renunciado varios fiscales.
Desde que se conoció el proyecto las asociaciones de Magistrados y de Fiscales lo habían criticado y habían advertido que viola fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia sobre intangibilidad de la remuneración de los jueces.
La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial también rechazó el proyecto porque consideran que “atenta contra la independencia judicial y otras garantías constitucionales". En esa línea, establecieron en un comunicado que el proyecto fue elaborado “sin considerar la realidad de los poderes judiciales provinciales" y sin la participación de esa institución, que representa los intereses de los 15.700 funcionarios y magistrados judiciales. Consideraron que la medida “agrava la ya acuciante situación de asimetría salarial entre las/os magistradas/os y funcionarias/os de los poderes judiciales provinciales y de CABA, que atienden el 85 % de las causas judiciales del país”.
Según los funcionarios sus sueldos y jubilaciones “no son de privilegio” y “no se parecen en nada a lo que se expone a la opinión pública como los ingresos de “la justicia”. “Este proyecto pretende eliminar la única compensación estructural a esa discriminación al subir la edad jubilatoria de este colectivo a los 65 años”, indicaron.
Según trascendió desde fuentes oficiales, la Cámara de Diputados tratará de acelerar la sanción del proyecto, que se refiere a regímenes especiales que involucran a ocho mil personas - un 3% del total de los jubilados - que cobran haberes promedio de entre $235.000 y 335.000 por mes.
De aprobarse la ley, habría un aumento escalonado de la edad mínima jubilatoria hasta llegar a 65 años -hoy es 60 -; incrementaría del 12 al 19% los aportes; limitaría el ámbito de aplicación personal, excluyendo, por ejemplo, a prosecretarios administrativos; aumentaría los años de servicio con aportes requeridos; y la jubilación de los magistrados sería equivalente al 82% del promedio de los últimos diez años - hoy se jubilan con el 82 por ciento móvil -.
FUENTE: Infobae
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