Este viernes el juez de Garantías de Dolores David Mancinelli dictó prisión preventiva para los ocho rugbiers imputados por el homicidio de Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero a la salida de un boliche de Villa Gesell. Además, a la acusación inicial de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas" le sumó el agravante de "alevosía".

"Tengo por cierto - consideró el juez en sus argumentos para agravar la imputación con la alevosía -, al menos con el grado de probabilidad que esta etapa del proceso requiere, que los aquí imputados, aprovechando la inadvertencia de la víctima, quien se hallaba de espalda a los atacantes conversando con su grupo de amigos, propinaron el primer golpe por detrás, logrando desestabilizarlo, oportunidad en que cayó al suelo en un total estado de indefensión".

Mancinelli también justifica el agravante que impuso la fiscal desde el primer momento: la premeditación. Establece que los rugbiers intervinieron "tanto asestando golpes de puño y patadas como así también impidiendo el auxilio por parte de terceros, todo ello con la finalidad de consumar el plan previamente acordado de dar muerte a la persona de Fernando José Báez Sosa".

En la orden de prisión preventiva, el juez confirmó las imputaciones contra Máximo Thomsen (20) y Ciro Pertossi (19) como coautores del crimen; y de Blas Cinalli (18), Luciano (18) y Lucas Pertossi (20), Enzo Comelli (19), Matías Benicelli (20), y Ayrton Viollaz (20) como participes necesarios.

El jueves, durante la audiencia oral que tomó a los rugbiers, Mancinelli había anticipado que se tomaría 24 horas para comunicar su resolución. Ahora se espera que Hugo Tomei, el abogado de los imputados, apele. Si las preventivas quedan firmes, podrían ser pasados de la Alcaidía del penal de Dolores a prisión común.

Tomei había pedido que, en caso de confirmarse la prisión preventiva, los acusados pudieran cumplirla bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico, porque estarían más seguros en sus casas por la "presión mediática" que hay sobre el caso. Sin embargo, el juez negó el pedido y destacó "la existencia de riesgos procesales vigentes en forma de fuga y entorpecimiento probatorio, como así también que la voluntad de éstos será la de no someterse a la prosecución penal".

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