Investigan red de trata de estudiantes en Salta: 33 víctimas confirmadas y más imputados

Desde el inicio de la causa, la psicóloga Verónica Olguín Rufino, a cargo del Área de Víctimas de la Fiscalía de Distrito, realizó un trabajo de acompañamiento y contención fundamental que permitió a las adolescentes relatar con detalle el funcionamiento de la red de trata y facilitar la identificación de otras jóvenes captadas.

Actualmente, se están realizando diversas entrevistas mediante Cámara Gesell, un procedimiento clave para completar la investigación y cerrar el círculo delictivo. En la causa también intervienen la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), bajo la dirección de la fiscal federal Alejandra Mángano, y el fiscal general Marcelo Colombo.

La investigación, que se lleva adelante de manera conjunta entre la Fiscalía de Distrito y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se concentra actualmente en el análisis forense de los teléfonos y demás dispositivos incautados a los acusados, así como en otras diligencias complementarias necesarias para avanzar en la causa.

Los primeros cuatro detenidos del caso.

Detalles de las imputaciones y evidencias recabadas

De los nueve detenidos, ocho enfrentan cargos como coautores del delito de trata de personas con fines de promoción, facilitación y explotación sexual, agravado por la vulnerabilidad de las víctimas, su minoridad y el número de afectadas, además de la participación de múltiples intervinientes y la consumación de la explotación. Por su parte, cinco de los imputados también son señalados como integrantes de una asociación ilícita orientada a la facilitación y promoción de la prostitución.

La fiscalía también atribuyó a seis de los imputados la tenencia y distribución de material sexual infantil; a otro, el delito de corrupción de menores; a dos acusados, el abuso sexual de una menor de 13 años; y a otros dos, la comisión de seis hechos de promoción y facilitación de la prostitución, agravados por la minoría de edad de las víctimas.

Al justificar la ampliación de los cargos, el fiscal general destacó que las nuevas imputaciones se basan en la abundante evidencia reunida durante la investigación, incluyendo información obtenida de los teléfonos peritados, registros de transferencias bancarias y análisis de actividades en redes sociales.

Se señaló que estas pruebas coinciden con la información proporcionada por las víctimas, tanto en lo referente a la identificación de cada uno de los imputados, como a los lugares donde se llevaba a cabo la explotación sexual, incluyendo hoteles y alojamientos situados sobre la ruta 26, así como también algunas viviendas de los acusados.

Se amplió la imputación penal y a la extensión del plazo de investigación hasta el 29 de mayo de 2026.

Aun así, la fiscalía remarcó que queda por examinar un volumen considerable de material probatorio, que podría revelar la comisión de otros delitos o permitir identificar a más personas vinculadas a esta red de trata sexual. Este argumento fue uno de los fundamentos utilizados para solicitar la extensión del plazo de investigación, que el juez estableció hasta el 26 de marzo de 2026.

El segundo argumento presentado estuvo relacionado con las entrevistas en Cámara Gesell que todavía se encuentran en desarrollo, un componente considerado crucial al tratarse de los testimonios directos de las víctimas. Según indicó el fiscal general, algunas de las jóvenes manifestaron sentirse intimidadas.

En este contexto, se pudo determinar que, en ciertos casos, algunos de los imputados habían amenazado a las menores antes de su detención con el fin de evitar ser denunciados, circunstancia que motivó la implementación de medidas especiales de resguardo para proteger a las víctimas.

Origen de la denuncia y rol de los imputados

La denuncia inicial del expediente se presentó el 26 de junio del año pasado, cuando la madre de una de las adolescentes notó que su hija tenía un teléfono de alta gama y, al revisarlo, encontró mensajes de contenido sexual. Entre ellos, había uno enviado por un remisero actualmente imputado, que hacía referencia a la otra hija de 12 años.

A partir de esa presentación, se abrió una causa en la justicia provincial. No obstante, tras examinar la información del celular incautado al remisero, el fuero ordinario se declaró incompetente, considerando la posibilidad de un caso de trata de personas. De este modo, la investigación pasó a la Fiscalía de Distrito del Ministerio Público Fiscal a mediados de este año, luego de una audiencia en la que se confirmó la jurisdicción federal.

Con detalles específicos sobre la participación de cada imputado, la fiscalía explicó el origen de la red de explotación sexual y su finalidad principal. “A tal punto era la perversidad de los acusados que descartaban a las adolescentes que avanzaban en edad. Cuando ya cumplía los 18 años, las desechaban”, se enfatizó.

El auto que usaba el remisero.

Aunque el fiscal general señaló al remisero como el iniciador de esta organización, encargado de recibir pagos por coordinar los servicios sexuales, no era el único responsable de la captación de víctimas. Todos los implicados colaboraban en esta tarea, ya que las adolescentes relataron que los acusados “les pedían que consigan más amigas”.

Alcance temporal y perfil de las víctimas

Aunque la investigación de la fiscalía se focaliza oficialmente en las actividades de la red desde 2024, ya se hallaron pruebas que indican que los hechos se remontan al menos un año antes. Asimismo, se puntualizó que las adolescentes afectadas concurren a diversos colegios, tanto estatales como privados, y provienen de distintos estratos sociales.

Al profundizar en los hechos, el fiscal explicó que los acusados imponían exigencias sobre las características físicas que, según ellos, debían cumplir las jóvenes.

El juez federal de Garantías N°1 Julio Bavio.

En este marco, se revisaron mensajes en los que uno de los imputados solicitaba a las víctimas para "llevarlas a una despedida de solteros" mientras que otro "las pedía, los sábados para después de jugar al fútbol". Además, puntualizó en que varios exigían cierto vestuario y prácticas sexuales determinadas, además de forzarlas a ingerir "un cóctel de drogas".

En concreto, el fiscal aseguró que “se acreditó la existencia de un número importante de víctimas niñas, las que quedaron presas de una red que, con distintos fines, le permitía a los imputados explotarlas sexualmente”.

Esa línea de investigación recibió el aval de las querellas, quienes además destacaron las pruebas que implican a los acusados. Asimismo, hicieron referencia a la normativa nacional y a los convenios internacionales ratificados por Argentina, enfocados en la protección de las menores y en la prevención y sanción del delito de trata de personas.