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SUSCRIBITEUna fundación reclama la intervención de la Cancillería. La fiscalía, por su lado, pide endurecer las medidas contra la abogada acusada de injuria racial.
El complejo escenario que enfrenta Agostina Páez en Brasil.
Con el correr de las jornadas, la causa judicial de Agostina Páez, la abogada e influencer oriunda de Santiago del Estero que permanece demorada en Brasil, se vuelve cada vez más delicado. Ya transcurrieron más de 20 días desde el hecho registrado en un bar de Ipanema y el expediente tuvo un giro clave.
Por un lado, una fundación reclamó su excarcelación urgente y pidió la participación de la Cancillería argentina; por el otro, el Ministerio Público Fiscal brasileño avanzó con la acusación formal y requirió que se dicte prisión preventiva.
Páez sigue radicada en Río de Janeiro bajo un estricto régimen de control: porta una tobillera electrónica, tiene el pasaporte confiscado y pesa sobre ella una orden que le impide salir del territorio brasileño, lo que bloquea cualquier intento de volver a la Argentina para afrontar el trámite judicial desde su país. Estas disposiciones se dispusieron luego de que fuera acusada por injuria racial, en relación con el episodio registrado el 16 de enero.
Mientras el expediente penal continúa su curso, la Fundación Apolo hizo público un pronunciamiento en el que exigió la excarcelación de la abogada y puso en tela de juicio el accionar de la Justicia de Brasil. La organización afirmó que tanto la imputación como las restricciones impuestas son excesivas y se apartan de los parámetros internacionales vigentes en materia de derechos humanos.
De acuerdo con lo expresado, los organismos intervinientes no habrían considerado medidas menos severas ni contemplado la situación particular de la acusada como mujer extranjera. En ese contexto, reclamaron una participación directa de la Cancillería argentina, ya sea mediante el respaldo consular o a través de un eventual planteo diplomático ante las autoridades del Estado brasileño.
Desde la entidad también subrayaron la presencia de imágenes grabadas con anterioridad a la reacción de Páez, en las que —según señalaron— un empleado del establecimiento habría tenido comportamientos obscenos hacia ella y la persona que la acompañaba. Ese accionar, afirmaron, no habría sido correctamente valorado dentro del proceso judicial.
En esa línea, sostuvieron que la letrada habría sido blanco, en un primer momento, de un presunto cobro irregular y de actitudes burlonas con connotación sexual, y que la respuesta que tuvo luego fue sacada de su marco original, lo que terminó alterando la lectura de los hechos y revirtiendo los papeles entre quien sufrió la agresión y quien quedó señalada como responsable.
A la par, pusieron en cuestión la exposición pública del episodio realizada por fuerzas de seguridad de Brasil en cuentas oficiales, al entender que ese accionar alimenta procesos de estigmatización incompatibles con el principio de presunción de inocencia.
En paralelo, el Poder Judicial de Río de Janeiro continuó con las actuaciones y el Ministerio Público Fiscal impulsó el pedido de prisión preventiva contra la influencer. Desde la fiscalía consideraron que el comportamiento de Páez desbordó cualquier escenario de discusión o confusión y constituyó una conducta discriminatoria y agraviante.
Según consignó la prensa de Brasil, el requerimiento se apoya en las declaraciones del personal del establecimiento, que cuentan con el aval de personas que presenciaron los hechos y con registros fílmicos captados por cámaras de vigilancia, los cuales ya fueron sumados al expediente judicial.
En el transcurso de las últimas horas, el Ministerio Público también desestimó la explicación aportada por la imputada, quien había afirmado que todo se trató de una “broma” entre amigas surgida luego de un cruce por presuntos cargos indebidos en la cuenta.
Desde la óptica de los investigadores, el relato ofrecido por la abogada santiagueña no resulta compatible con el material probatorio recolectado hasta ahora. Por ese motivo, el expediente sigue avanzando, a la espera de una definición sobre un posible endurecimiento de las medidas dispuestas en su contra.
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