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SUSCRIBITELa ex vicepresidente también habló de violencia de género. Cristina Kirchner decidió apelar el fallo del juez de Campos, quien decidió archivar la causa.
Ahora, la defensa de Cristina Kirchner pidió que la decisión sea revisada por la Cámara del Crimen.
Cristina Kirchner no se conforma con no saber quién estuvo detrás de los afiches que la calificaban de "asesina" y la culpaban por las muertes causadas por el Covid-19. La pegada de afiches ocurrió en marzo de 2022. Han pasado más de dos años y medio. Esta semana, el juez Manuel De Campos decidió cerrar el caso.
Sin embargo, la ex vicepresidenta apeló esa decisión y solicitó ser reconocida como víctima. El 28 de marzo de 2022, la Ciudad de Buenos Aires amaneció tapizada con afiches que mostraban la imagen de Cristina Kirchner acompañada del mensaje "Culpable de 35.000 muertes. Asesina", en una clara referencia a los fallecimientos por Covid-19.
Ese "escrache" generó una condena inmediata por parte de Alberto Fernández, quien se sintió incómodo ante la situación. Desde entonces, participaron tres jueces de diferentes jurisdicciones. Se realizaron allanamientos y se estableció cuánto se había pagado por los afiches y en qué lugar se habían impreso. Sin embargo, nunca se identificó a los responsables intelectuales. Este lunes, el juez De Campos optó por cerrar la causa principal.
En la actualidad, la ex vicepresidenta, actuando como demandante, impugnó la decisión y criticó al juez con severidad. “Ha decidido archivar la causa con un argumento absolutamente arbitrario y exiguo, cambiando radicalmente la tipificación de los delitos para justificar el absurdo y no cumplir con sus deberes de funcionario público que es ni más ni menos que investigar un delito que a todas luces es de acción pública”, señala el escrito presentado por el abogado Gregorio Dalbón.
A lo largo de varios meses, la investigación se vio paralizada debido a un conflicto de jurisdicción que alcanzó la Corte Suprema y llevó a la intervención del Procurador General, Eduardo Casal. El tribunal superior concluyó que el caso debía ser tramitado en el ámbito penal y correccional, coincidiendo con la solicitud de la parte demandante y de la Fiscalía.
Sin embargo, este lunes, el juez De Campos decidió archivar el caso, señalando que se habían desestimado todas las posibles figuras delictivas y que no se podía clasificar como calumnia o injuria, ya que la misma afectada, la ex vicepresidenta, no lo presentó en esos términos.
“Si bien Cristina Fernández de Kirchner es parte querellante en este proceso, no podemos desconocer que adquirió esa calidad, con una pretensión procesal diferente y sin cubrir con todas las exigencias que se establecen para una querella por un delito de acción privada”, sostuvo el magistrado.
En este momento, la defensa de la ex vicepresidenta solicitó que la Cámara del Crimen revise la decisión y que se lleven a cabo las pruebas aún pendientes. Entre otros aspectos, nunca se identificó a la enigmática “Micaela” que financió los carteles. Esta mujer se comunicaba con la imprenta utilizando un número desconocido y un correo electrónico que posteriormente desactivó.
Además, no se examinó el código QR que figuraba en los afiches. En realidad, se espera una respuesta de la empresa “GoDaddy LLC”, que debería aclarar quién estaba detrás del dominio asociado a ese código: “CRISTINAUTA.ORG”.
En su apelación, Cristina Kirchner solicitó que la convoquen a declarar y que también sea llamado el empresario Enrique “Pepe” Albistur, quien presentó una denuncia inmediatamente después del incidente, ya que se utilizaron los carteles de su empresa para la pegada. “Es derecho de mi persona -como víctima-, tener la oportunidad de contar de qué manera afectó a mi persona aquellas manifestaciones publicitadas en la vía pública”, sostuvo la ex vicepresidenta ante la Justicia.
El cierre del caso también fue impugnado por el fiscal Leonel Gómez Barbella, quien ya había estado pidiendo que se concluyan las pruebas pendientes. “No se agotó el examen de los hechos en relación con todas las posibles calificaciones legales aplicables al caso, ratificando nuestro convencimiento de que el decisorio a través del cual el Juzgado N° 5 de este fuero dispuso el archivo de las actuaciones por no poder proceder merece ser revocado, al menos por prematuro”, sostuvo el fiscal.
Gómez Barbella también presentó un nuevo argumento relacionado con el “escrache” hacia Cristina Kirchner, mencionando la posible existencia de violencia de género. “En el presente caso, se pudo observar como el hecho de que una de las víctimas del hecho fuera una mujer profesional, que se desarrolla en diversos ámbitos de política y de poder y que, por cierto, era quien ocupaba las más altas esferas de la vida institucional del país, no impide que haya sido objeto de distintos medios de violencia -eventualmente- por cuestiones políticas”, sostuvo.
La ex vicepresidenta se sumó a ese enfoque: “No solo adherimos a lo manifestado respecto de la violencia de género sino también no descartamos que mi persona haya sido objeto de violencia por cuestiones políticas”.
Los carteles se repartieron en la madrugada del 28 de marzo de 2022. Los primeros en ser arrestados fueron los dos hombres contratados para llevar a cabo la pegada: Christian Méndez (29) y su padre Darío (53). Ante la justicia de la ciudad, afirmaron que un empleado de la imprenta “Vía Graphic” los había contratado, recibiendo un anticipo de $45.000 y luego otros $35.000 para colocar los afiches en Paseo Colón, Plaza de Mayo, Plaza Congreso, Plaza Vicente López, Avenida Libertador, Avenida Callao, Avenida Santa Fe, 9 de Julio y Paseo del Bajo.
Los investigadores iniciaron el proceso de reconstrucción de los días anteriores. A través de los testimonios y las grabaciones de las cámaras de seguridad, se verificó que el viernes 25, entre las 16 y 17 horas, Christian Méndez se dirigió a la imprenta en Lanús en su camioneta, donde recibió alrededor de 500 carteles.
Al día siguiente, el 26 de marzo, un conductor de Uber, al volante de un Fiat Palio blanco, llevó un anticipo de dinero para financiar la campaña. El individuo, identificado como Emanuel Montiel, fue registrado por las cámaras de seguridad del lugar mientras usaba una gorra y sostenía un sobre de papel kraft. En ese sobre se encontraba el efectivo y un pendrive con el cartel. A partir de los correos electrónicos y otras evidencias recopiladas, la Justicia concluyó que se desembolsaron $470 mil pesos.
Durante su interrogatorio, el conductor señaló a una mujer de 61 años que residía en Recoleta, a solo unas cuadras del departamento de la ex vicepresidenta.
La mujer fue reconocida como Nilda Lilian Melhem. El juez De Campos solicitó su arresto, aunque lo anuló pocas horas después. Los investigadores examinaron sus redes sociales y no hallaron ninguna conexión política. Lo único notable, dado el contenido de los carteles, fue que había compartido la noticia del fallecimiento de su padre por COVID. Esto no fue suficiente. Con el tiempo, la pista relacionada con esta mujer fue perdiendo fuerza.
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