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SUSCRIBITELa iniciativa impulsada por el Gobierno logró la aprobación parcial en el Senado. Ahora, la reforma laboral debe avanzar en Diputados para convertirse en ley.
Cuándo entra en vigencia la Reforma Laboral del gobierno de Javier Milei.
La iniciativa de la reforma laboral fue aprobada en el Senado en general, luego de que se introdujeran múltiples ajustes a su redacción inicial y con el acompañamiento de gran parte de los bloques opositores no vinculados al peronismo. El proyecto continúa su recorrido parlamentario y para que tenga vigencia debe ser avalado por Diputados.
La versión inicial del proyecto fue modificada en 50 oportunidades antes de conseguir la aprobación en general en el Senado. En la votación, la iniciativa reunió 42 respaldos y 30 rechazos. A partir de ahora, deberá ser tratada en Diputados, donde el oficialismo buscará que no se introduzcan alteraciones que desvirtúen la propuesta impulsada por el gobierno de Javier Milei.
La iniciativa de modificación del régimen laboral fue aprobada en el Senado en general, luego de que se introdujeran múltiples ajustes a su redacción inicial y con el acompañamiento de gran parte de los bloques opositores no vinculados al peronismo. El proyecto continúa su recorrido parlamentario y tendrá que ser avalado por Diputados para convertirse en ley.
La versión inicial del proyecto fue modificada en 50 oportunidades antes de conseguir la aprobación en general en el Senado. En la votación, la iniciativa reunió 42 respaldos y 30 rechazos. A partir de ahora, deberá ser tratada en Diputados, donde el oficialismo buscará que no se introduzcan alteraciones que desvirtúen la propuesta impulsada por el gobierno de Javier Milei.
En ese contexto, el miércoles 18 de febrero surge como fecha tope para respetar ese margen y lograr que el proyecto avance antes de marzo. Para entonces, La Libertad Avanza deberá tener integrada la comisión, iniciar el tratamiento y reunir los respaldos necesarios para firmar el dictamen.
Actividades esenciales y prestación mínima en paros: el proyecto extiende el conjunto de tareas catalogadas como indispensables y fija una operatividad obligatoria del 75% durante medidas de fuerza.
Dentro de las nuevas áreas incluidas figuran las telecomunicaciones —como internet y enlaces satelitales—, el transporte aerocomercial, la gestión del tránsito aéreo y portuario (balizamiento, dragado, amarre, carga, descarga y remolque), los servicios migratorios y de aduana, la atención sanitaria y hospitalaria —junto con el traslado y provisión de fármacos—, la generación y suministro de agua potable, gas, petróleo, combustibles y electricidad, la recolección de residuos, el traslado de valores, la seguridad privada y la enseñanza en niveles inicial, primario, secundario y especial, con excepción del ámbito universitario. Además, las organizaciones gremiales deberán comunicar cualquier huelga con al menos cinco días de antelación.
Sobre la Implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), se establecen cuentas nominativas a cargo de cada empleador para colaborar con el financiamiento de las indemnizaciones por desvinculación. Estos fondos se integrarán mediante un aporte mensual obligatorio equivalente al 1% de la masa salarial en el caso de grandes compañías y del 2,5% para las micro, pequeñas y medianas empresas, calculado sobre las remuneraciones sujetas a aportes al SIPA.
El sistema contemplará un plazo de espera de seis meses y alcanzará únicamente a empleados formalmente registrados que acrediten al menos un año de antigüedad. Los montos depositados constituirán un patrimonio independiente, no transferible ni susceptible de embargo. La normativa comenzará a regir desde el 1° de junio de 2026, con posibilidad de postergación por hasta medio año a criterio del Poder Ejecutivo.
En cuanto a los cambios en el régimen de licencias por enfermedad, la normativa fija dos esquemas de pago ante afecciones no vinculadas al trabajo. Se abonará el 50% del salario cuando la incapacidad derive de una conducta asumida de manera deliberada que implique riesgos para la salud, mientras que en el resto de las situaciones la cobertura será del 75%. La duración del beneficio podrá extenderse por tres o seis meses, de acuerdo a si el trabajador tiene o no familiares bajo su responsabilidad.
Las constancias de salud deberán detallar el cuadro clínico, la terapéutica indicada, el tiempo de reposo y contar con firma electrónica de médicos matriculados en el país.
El empleado deberá aceptar las evaluaciones dispuestas por la empresa y, si surge un desacuerdo que no pueda resolverse, podrá convocarse a una junta médica en organismos públicos o centros privados, cuyos gastos asumirá el empleador. Además, ante inasistencias extendidas sin incapacidad permanente, la firma podrá asignarle tareas en otra función.
Supresión del pago de horas suplementarias mediante la implementación de un “banco de tiempo”: este esquema sustituiría el mecanismo vigente de recargo salarial —habitualmente utilizado por los trabajadores para incrementar sus ingresos—.
En lugar de cobrar un monto extra por tareas realizadas fuera de la jornada habitual, el nuevo sistema habilitaría a compensar ese excedente reduciendo la carga laboral en otras jornadas o mediante días de descanso.
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