Luego de conseguir una victoria en la Cámara de Diputados con la aprobación en primera instancia de la Ley “Hojarasca”, el gobierno de Javier Milei avanza con la intención de introducir modificaciones en la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, popularmente conocida como Etiquetado Frontal.
En el ámbito legislativo, representantes del oficialismo ya impulsaron una iniciativa para avanzar con su derogación. La legislación actualmente en vigor, aprobada en 2021, dispone que todos los alimentos y bebidas sin alcohol que presenten niveles elevados de ciertos nutrientes críticos —como sodio, azúcares, grasas y calorías— deben incluir en sus envases un sello identificatorio en forma de octógono negro, destinado a advertir sobre la presencia excesiva de dichos componentes.
El Gobierno quiere eliminar la ley de Etiquetado Frontal.
Una medida basada en la Organización Panamericana de la Salud
La norma se basa en los parámetros nutricionales establecidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Asimismo, la normativa exige que las compañías incorporen en los envases una etiqueta de formato rectangular en aquellos productos que contengan cafeína o edulcorantes, con el objetivo de desincentivar su consumo en la población infantil.
De la misma manera, y con el fin de resguardar la salud de los niños, la ley impide que los productos que presenten uno o más sellos utilicen estrategias de marketing dirigidas al público infantil —como personajes animados o promociones con regalos— y restringe su comercialización dentro de los establecimientos educativos.
En este contexto, el gobierno de Javier Milei impulsa una revisión de la normativa vigente. En la actualidad, el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, se encuentra afinando los detalles del proyecto que será enviado al Congreso, por lo que por el momento evita anticipar cuáles serán las modificaciones que se propondrán.
Ley de etiquetado frontal.
Cabe recordar que en 2024 la administración nacional ya había introducido cambios en la ley de Etiquetado Frontal a través de dos resoluciones de la ANMAT.
En aquel momento se estableció, entre otros puntos, que el cálculo de los nutrientes en exceso —manteniendo los criterios fijados por la OPS— debía realizarse exclusivamente sobre los ingredientes incorporados durante el proceso de producción, y no sobre aquellos que forman parte natural de los alimentos.
Impulso legislativo para su eliminación
En paralelo a las modificaciones que impulsa el Poder Ejecutivo, la semana pasada se presentó en el Congreso un proyecto que busca derogar la ley de Etiquetado Frontal. La propuesta fue firmada por los diputados nacionales Daiana Fernández Molero (PRO) y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza).
Los octógonos negros que deben incluir los envases de alimentos y bebidas sin alcohol con exceso de nutrientes críticos.
Los legisladores sostienen que la metodología utilizada para determinar el exceso de ciertos componentes —basada en la proporción de nutrientes respecto del total de calorías y no en cifras absolutas— provoca una “distorsión en la información” que recibe el consumidor.
Asimismo, advierten que, según el esquema actual, la gran mayoría de los productos terminaba exhibiendo al menos un sello. En 2023, esa cifra alcanzaba aproximadamente el 85%.
“La Ley de Etiquetado Frontal no solo no informa, sino que confunde. Si TODO tiene octógono negro, el sello no significa nada”, afirmó Bongiovanni a través de su cuenta en X. “Además, le encarece los costos al productor y traba las exportaciones porque es incompatible con el Mercosur”.
Otro de los cuestionamientos a la normativa vigente es que no se encuentra armonizada con los criterios utilizados en otros países del bloque regional. En Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay se emplea un método diferente para medir el exceso de nutrientes críticos: en lugar de calcularlos en relación a las calorías totales, se toman valores absolutos por cada 100 gramos o mililitros.
Daiana Fernández Molero, una de las diputadas que impulsa la derogación de la ley de Etiquetado Frontal.
Los umbrales máximos permitidos para evitar la colocación de sellos, no obstante, difieren según cada país. En este aspecto, los esquemas más parecidos entre sí son los de Brasil y Paraguay. Los legisladores que impulsan la iniciativa advierten que esta falta de criterios homogéneos complica las operaciones comerciales y desalienta la inversión, particularmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Consultados por la prensa, los diputados indicaron que con este proyecto buscan que sean los organismos técnicos quienes definan la implementación de un sistema que permita armonizar los estándares con los países de la región.
“Nuestra propuesta es la derogación. Volver atrás con la norma. Y que los organismos técnicos (como en la mayor parte del mundo) establezcan criterios razonables y homologables con los países del Mercosur respecto de la información nutricional”, dijo Bongiovanni.
El Gobierno busca eliminar la ley de etiquetado frontal.
La diputada del PRO Daiana Fernández Molero, una de las impulsoras del proyecto, detalló los motivos detrás de la propuesta de modificación.
“Creo que hay tres razones fundamentales. Primero es que aporta más confusión que claridad. De repente se eligió un perfil de nutrientes para señalizar que termina siendo que el 85% de los productos en góndola tenga sello. Y cuando todo tiene sello, en definitiva, pierde sentido, se convierte como en parte del paisaje”, expresó la legisladora.
“Segundo tiene que ver en que la forma también que se eligió para etiquetar no hace que las industrias tengan incentivos a reformular porque básicamente es muy difícil sacarte el sello de encima. Entonces tampoco te incentiva a que ofrezcas mejores productos en góndola”, añadió en diálogo con Mitre Córdoba.
El diputado nacional de La Libertad Avanza Alejandro Bongiovanni sostuvo que hay que unificar criterios con otros países del Mercosur.
“Y el tercero tiene que ver con una cuestión comercial, que Argentina y hay un montón de empresas también que exportan. Queríamos ser el supermercado del mundo en un momento y de repente tenemos una ley que no tiene nada que ver con las que tiene el resto de los países del Mercosur y es un obstáculo al comercio y a las exportaciones”, precisó la legisladora macrista.
Y agregó: “Y fundamentalmente para las pymes. Porque en general las empresas más grandes tienen capacidad de adaptarse, pero las más chicas, cada costo se va sumando al gran costo argentino y no está bueno”.
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