Cómo lo había anticipado, el presidente de la Nación estampó la firma del veto total a la ley que modifica la fórmula previsional y recompone ingresos a los jubilados.
Este viernes por la noche, el presidente Javier Milei reunió a senadores y diputados del PRO, el MID y la Libertad Avanza en Casa Rosada para explicar las razones de porqué vetó la ley de jubilaciones, la cual había sido aprobada por el Congreso hace pocos días.
Además del mandatario participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los presidentes de bloque de LLA, Gabriel Bornoroni; del PRO, Cristian Ritondo, del MID, Oscar Zago. También se hicieron presentes distintos legisladores, entre ellos José Luis Espert, María Eugenia Vidal, Luciano Laspina, Diego Santilli, Silvana Giudici, entre otros.
Según pudo saber el medio Todo Noticias, el objetivo de la reunión fue anunciarles a los diputados aliados que va a vetar de manera total la reforma jubilatoria, pero además darles las razones económicas de la decisión. Milei dio una extensa fundamentación de cómo afectaría al déficit cero y el control de la inflación.
Básicamente la iniciativa mantiene el esquema de actualización por inflación aprobado a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei, pero le suma un incremento adicional del 8,1% a los haberes de abril (el Gobierno había otorgado un incremento del 12,5%), con el objetivo de completar el 20,6% de inflación correspondiente a enero.
Además, se dispone que el haber mínimo no podrá ser inferior a 1,09 canastas básicas por adulto (que publica mensualmente el INDEC y define la línea de pobreza), lo que equivale a $ 321.600, $ 15 mil más que el monto de junio.
Finalmente, el proyecto propone que la fórmula de movilidad no dependa sólo de la inflación, sino que también tenga en cuenta los salarios. De esta manera, en caso de que el índice de inflación quedara por debajo del de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE), los jubilados recibirían el 50% de esa diferencia a través de un ajuste semestral.
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los cambios en la movilidad significarían un gasto extra del 0,45% del PBI en todo el año. Sin embargo, el comunicado de la Oficina del Presidente afirma que la ley “implica un gasto del 1,2% del PBI, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos”.
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