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SUSCRIBITE El Presidente postergará el pedido de sesiones extraordinarias
El Gobierno debió postergar al menos una semana la convocatoria a sesiones extraordinarias en la que el Presidente pedirá al Congreso el inicio del juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Alberto Fernández finalmente recién firmaría el decreto para el lunes 23 de enero, teniendo en cuenta que manifestaron que se trataría de la "fecha que pidieron los Diputados” para poder garantizar el número, en medio del receso por las vacaciones.
La semana pasada, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, adelantó que esta semana iba "a estar saliendo la convocatoria" y que el debate iba a comenzar "la segunda quincena de enero".
En ese marco, el Presidente Fernández cuando recibió en la Quinta de Olivos al jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, y a la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, les entregó en mano el pedido del Ejecutivo contra la Corte y les pidió "un pronto tratamiento legislativo".
El juicio político es el método que establece la Constitución Nacional para remover a las máximas autoridades del país. Está a cargo del Congreso y solo puede alcanzar al presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete de ministros y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La remoción de cualquiera de los jueces con rango inferior a los miembros del máximo tribunal desde la reforma constitucional de 1994 queda a cargo del Consejo de la Magistratura.
Las causales de juicio político pueden ser tres:
El proceso se inicia en la Cámara de Diputados. Cualquier funcionario o ciudadano puede presentar un pedido de enjuiciamiento contra los ministros de la Corte, que podrá ser aceptado o no por la Comisión de Juicio Político.
Si se lo considera admisible, la Comisión pone en marcha un sumario de investigación tomando las medidas del caso, incluida la declaración del imputado. Una vez que se concluye la investigación, hace falta la emisión de un dictamen, que se aprueba por mayoría simple, para que se inicie el juicio político o se desestime.
Para que la Cámara baja se transforme en acusadora, hacen falta los dos tercios de los votos. Alcanzado ese número (algo que exige un importante consenso político) la Cámara elige a uno o dos diputados que serán los encargados de presentar la acusación ante la Cámara alta, el Senado, que se constituye en la encargada de resolver el caso. Para alcanzar la destitución hacen falta los votos de por lo menos los dos tercios de los senadores presentes.
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