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SUSCRIBITESe llevaron a cabo en establecimientos a lo largo y ancho del territorio nacional, siguiendo el programa que recibió la aprobación del Congreso.
El edificio Presidente Raúl Alfonsín, la sede de la Auditoría General de la Nación.
En el contexto de la controversia sobre la supervisión de los recursos estatales gestionados por las universidades públicas, la Auditoría General de la Nación (AGN) publicó la lista de las actividades de auditoría llevadas a cabo en los últimos diez años en estas instituciones educativas superiores, según lo establecido en el plan de trabajo avalado por el Congreso.
El reporte, compartido por Javier Fernández, líder de los auditores y con una extensa experiencia en el sector público, señaló que la entidad de fiscalización vinculada al Congreso Nacional llevó a cabo un análisis no solo de cuestiones presupuestarias, sino también de la administración de dichas entidades educativas.
Asimismo, la AGN resaltó que no solo se llevaron a cabo dichas revisiones en la UBA, sino que también se realizaron verificaciones en otras instituciones universitarias de diferentes regiones del país. El informe al que tuvo acceso este medio recopiló las inspecciones efectuadas en la última década en la Facultad de Psicología de la UBA y en las universidades del Litoral, Rosario, José C. Paz, Tucumán, Formosa y Jujuy.
Aparte de las evaluaciones ya efectuadas, se informó que se están llevando a cabo seis proyectos adicionales de inspecciones de las finanzas, contabilidad y administración en las instituciones educativas de Formosa, Salta, del Nordeste, de Córdoba, La Plata y también de Jujuy. Javier Fernández, auditor principal, enfatizó que cada uno de estos procedimientos se fundamenta en el plan de trabajo que aprueba regularmente el Congreso Nacional.
Se aclara la situación debido a la controversia suscitada por la postura del Gobierno en medio del conflicto con los rectores universitarios. Estos últimos advirtieron que el drástico recorte presupuestario para la educación superior no solo obstaculizaría su funcionamiento adecuado, sino que también podría llevar al cierre inminente y generalizado de dichas instituciones.
El principal encargado de impulsar esta postura confrontativa con los líderes de la educación superior fue el subsecretario de Políticas Universitarias del país, Alejandro Álvarez. “Estudiar es un derecho, auditar es una obligación”, planteó antes de la marcha que se convirtió en multitudinaria tras el fracaso del diálogo.
El reporte publicado por el cuerpo de auditores resalta que en noviembre del año anterior se validaron tanto el resumen ejecutivo como el contenido del análisis realizado en 2023 sobre la Facultad de Psicología de la UBA, referente a la administración, la configuración estructural, el manejo financiero, las cuentas bancarias, adquisiciones y contratos relativos al período 2018. “El trabajo de la AGN siempre es ex post”, aclaró Javier Fernández.
En cuanto a la Universidad Nacional del Litoral, en el año 2022, se validó la revisión elaborada por la Gerencia de Control de Gestión del Sector no Financiero, con el propósito de examinar la administración de las transferencias, becas y acuerdos correspondientes al año fiscal 2027. En la de Rosario se inspeccionaron las transferencias de becas y acuerdos correspondientes al año fiscal 2017.
Durante el año 2021, la AGN llevó a cabo una exhaustiva investigación sobre la Universidad Nacional de José C. Paz, centrándose en el "ambiente de control y la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio 2015 y al primer semestre de 2016, mediante el análisis de los componentes de mayor significatividad relativa, vinculados con las áreas de Presupuesto, Compras, y contrataciones y secretaría académica”. En este caso, es importante resaltar que el entonces auditor y hoy diputado nacional Miguel Pichetto se abstuvo.
Finalmente, el informe incluyó un desglose de las auditorías realizadas en las universidades de Tucumán, Formosa y Jujuy, todas relacionadas con la supervisión de los fondos recibidos, el entorno de control y la ejecución presupuestaria durante los años 2014 a 2016.
El titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, abordó la solicitud de revisión del manejo presupuestario destinado a las instituciones universitarias, destacando que dicha petición debe ser canalizada a través del Congreso y no del Poder Ejecutivo.
“En este momento se aprobaron auditorías en las universidades de Jujuy, Formosa, Córdoba, Salta, Nordeste y La Plata”, aseguró Olmos y puntualizó que “en el caso de la UBA, que es la más grande y la que más presupuesto lleva, habría que pedirle a la comisión que ingrese un plan integral si el objetivo es auditarla”.
“La UBA es un ente público no estatal. No es parte del Poder Ejecutivo y no podría auditarlo el Poder Ejecutivo. Tiene auditorías internas que son concomitantes, es decir, mientras se desarrolla la gestión se están auditando. A esas auditorías se refieren las autoridades para decir ‘estamos siendo auditados’. Esto es un control interno”, detalló el funcionario en Radio Mitre.
Olmos especificó a su vez que “el control externo lo realiza el Congreso a través de la AGN, donde se determina cuáles son los aspectos del gasto presupuestario. La UBA requeriría un equipo especial por el volumen”.
“La auditoría no solo revisa el estado contable, sino también el estado de la gestión. A veces no tenemos de corrupción, sino de ineficiencia del gasto”, completó Olmos, que fue jefe de asesores del Presidente durante el gobierno de Alberto Fernández.
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