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SUSCRIBITEEl juez Ariel Lijo lo imputó por ser responsable de serias infracciones a los derechos humanos. Citó a indagatoria tanto a él como a su esposa.
El juez Ariel Lijo ordenó la declaración indagatoria y la captura internacional del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
El juez federal argentino Ariel Lijo dispuso la convocatoria a declaración indagatoria y la emisión de una orden de captura internacional contra el mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, quien también ejerce como vicepresidenta, Rosario Murillo, acusados de estar implicados en serias transgresiones a los derechos humanos.
La disposición incluye a varios miembros destacados del gobierno nicaragüense, como parte de un proceso judicial iniciado en Argentina basado en el principio de jurisdicción universal.
La acusación, encabezada por el abogado Darío Richarte junto a un grupo de docentes y alumnos de la Universidad de Buenos Aires, fue formalizada el 26 de agosto de 2022. En el documento, se imputan a Ortega, Murillo y otros integrantes de su administración delitos de lesa humanidad, como homicidios, desapariciones forzadas, torturas, persecuciones políticas y desplazamientos forzosos.
El abogado Darío Richarte describió la decisión del tribunal como un “hecho histórico” y resaltó que “marca un antes y un después en materia de justicia universal”. Según explicó, el expediente fue elaborado a lo largo de más de dos años, incorporando relatos de sobrevivientes, registros documentales y evidencias obtenidas con el apoyo de entidades internacionales.
“Este fallo no es el final, pero sí un paso crucial para visibilizar la situación en Nicaragua y avanzar hacia la justicia para las víctimas”, afirmó.
La acusación original detalló abusos sistemáticos contra los derechos humanos perpetrados durante el gobierno de Ortega y Murillo a partir de abril de 2018. Estos incluyen la violenta represión de protestas ciudadanas, el encarcelamiento de adversarios políticos y la hostilidad hacia sectores vulnerables. Más adelante, entre noviembre de 2022 y febrero de 2024, el grupo a cargo del caso presentó siete extensiones adicionales a la querella.
El fundamento para que la justicia argentina intervenga en este caso radica en el principio de jurisdicción universal, el cual autoriza a los tribunales del país a procesar crímenes graves como los de lesa humanidad, sin importar dónde ocurrieron. Esta interpretación fue respaldada por el fiscal Eduardo Taiano y ratificada por el juez Ariel Lijo.
La resolución se apoya en declaraciones confidenciales de las víctimas, junto con reportes elaborados por entidades internacionales y publicaciones de prensa que detallan las transgresiones señaladas.
El dictamen emitido por el juez Lijo establece un hito en la jurisdicción penal internacional y contribuye a dar mayor notoriedad a la problemática en Nicaragua a nivel mundial. Según Richarte, el fallo “busca aislar a los dictadores y comprometer a la comunidad internacional, especialmente a los países de América, en la defensa de la democracia”.
La solicitud de arresto internacional contra Ortega y Murillo plantea un reto adicional en el plano diplomático para el gobierno nicaragüense, incrementando la presión sobre las entidades multilaterales y las administraciones de la región para que tomen acciones específicas frente a las acusaciones presentadas.
El caso permanece en curso, y quienes lo impulsan confían en que la decisión judicial ayude a progresar en el camino hacia la reparación para las víctimas y en la recuperación del sistema democrático en Nicaragua.
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