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SUSCRIBITEEl Artículo 81 de la Constitución rige el proceso. Si hay cambios el proyecto regresa Diputados, aunque depende de los números de la oposición en el Senado.
Diputados necesitaría, si vuelve, igualar o superar el número de forma proporcional al rechazo o modificación del Senado
El Senado se encuentra inmerso en una intensa deliberación sobre la aprobación inicial otorgada por la Cámara de Diputados a la denominada Ley Bases y el conjunto de medidas fiscales propuestas por el gobierno de Javier Milei.
La disputa por asegurar votos a favor y en contra continúa suscitando dudas acerca del desenlace definitivo que se obtenga en el pleno. Desde la bancada mayoritaria de Unión por la Patria en el Senado se promueve la oposición a ambas propuestas, aunque cuentan con 33 senadores afiliados, lo cual representa cuatro menos de los requeridos para obtener la mayoría absoluta de los 72 miembros que componen el cuerpo legislativo.
Mientras que la oposición pragmática objeta numerosos de los cientos de disposiciones tanto de la ley Bases como de la sección fiscal, donde el inventario de las cláusulas más controvertidas abarca desde las competencias transferidas al Poder Ejecutivo hasta la modificación del Impuesto a las Ganancias para los empleados, pasando por las privatizaciones, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el blanqueo de capitales y la rebaja del impuesto a los Bienes Personales, la flexibilización laboral, y al que además se sumó la controvertida "ley del Tabaco".
La oposición generó una contrariedad que llevó a los representantes del oficialismo, La Libertad Avanza, y a los funcionarios del gobierno central a contemplar la opción de que el documento remitido a la Cámara revisora sea devuelto a Diputados. ¿Cuáles serían las implicaciones si el Senado desestima o altera en parte uno o ambos proyectos?
La secuencia a cumplir se encuentra estipulada en la misma Constitución Nacional, en su Quinto Capítulo que aborda la "formación y sanción de leyes". En dicho marco, el Artículo 81 dispone: “Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Ninguna de las Cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara revisora. Si el proyecto fuere objeto de adiciones o correcciones por la Cámara revisora, deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por las dos terceras partes de los presentes"
En esa línea, se continúa: "La Cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por dos terceras partes de los presentes. En este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la Cámara revisora, salvo que la Cámara de origen insista en su redacción originaria con el voto de las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara revisora”.
La secuencia a cumplir se encuentra estipulada en la misma Constitución Nacional, en su Quinto Capítulo que aborda la "elaboración y aprobación de leyes". Por otro lado, si el Senado desestima ciertos apartados de uno o ambos proyectos, o si efectúa alteraciones o correcciones al contenido, los proyectos respectivos deberán regresar a la Cámara de origen (Diputados) para que esta apruebe o confirme los rechazos o modificaciones. En este punto, una vez más, todo está sujeto a las cifras.
La presente división en la representación política de ambas Cámaras impide que alguno de los proyectos en discusión obtenga una mayoría contundente, o al menos considerable. Por consiguiente, la competencia por el número adquiere mayor relevancia.
En el Senado, la oposición firme, junto con los moderados menos conciliadores, podrían contar con los suficientes votos para enmendar artículos e incluso rechazarlos individualmente. Sin embargo, según el cálculo de votos en la Cámara alta, las cifras son ajustadas y tal posibilidad de enmienda o rechazo de un artículo podría arrojar un resultado ajustado de 37 votos a favor (quizás algunos más): la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de sus miembros, lo que conllevaría a que el proyecto regrese íntegramente a Diputados.
En consecuencia, si la Cámara de Diputados no aprueba la eliminación o alteración, deberá reunir el mismo número de votos para mantener el texto original con el que ese artículo fue remitido al Senado, que ya no podrá volver a revisarlo y quedará incorporado definitivamente en la ley.
La Constitución únicamente contempla tres etapas para el proceso: Cámara de Origen, Cámara Revisora y nuevamente Cámara de Origen para aprobar las modificaciones introducidas o confirmar el proyecto original (previamente a la reforma de 1994, había cinco etapas).
Por ejemplo, si el Senado desestima o altera un artículo con 37 votos (mayoría absoluta), la Cámara de Diputados podría confirmar el texto original con la misma mayoría absoluta: 129 votos, la mitad más uno de sus integrantes. Además, hay que tener en consideración que ambos proyectos obtuvieron en la Cámara baja un número aún mayor: Bases con 142 votos en total y el paquete fiscal con 140.
En otras palabras, Diputados debe alcanzar o superar el número de manera proporcional al rechazo o modificación del Senado para confirmar su decisión. De lo contrario, las modificaciones del Senado serían definitivas.
En el caso de que el Senado consiguiera dos tercios de sus miembros para alterar o rechazar un artículo, Diputados requeriría del mismo porcentaje para confirmar su redacción. Esta situación no parece factible en el momento actual: ni la oposición tendría la capacidad de alcanzar dicho número en el Senado, ni el oficialismo junto con sus aliados más sólidos podrían lograrlo en la Cámara baja.
Quizás, en los artículos más controvertidos de la ley bases en el Senado y que recibieron considerablemente menos votos en Diputados, la situación podría ser diferente. Un ejemplo reciente es la ley de alquileres, que fue promovida por lo que era Juntos por el Cambio en 2023 en la Cámara de Diputados y que el Senado modificó en septiembre de ese mismo año.
La contienda provocada por el texto original resultó en serios obstáculos para la oposición de aquel entonces, quienes enfrentaron dificultades para mantener el respaldo de votos con los que lograron la aprobación inicial en Diputados. Como consecuencia, terminaron por aceptar las modificaciones introducidas por el Senado.
El desenlace de esta situación estará fuertemente influenciado por la postura que adopten los gobernadores de diversas filiaciones políticas frente a los artículos de la ley Bases y el paquete fiscal que impactan en sus jurisdicciones. Ya sea que confronten con la Casa Rosada y la obliguen a aceptar cambios en el texto para evitar futuros obstáculos en los proyectos de Milei, o que acepten las implicaciones que las leyes tendrán sobre sus provincias.
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