Organizaciones sociales manifestarán y el protocolo antipiquete se pone a prueba

El representante oficial reafirmó también que aquellos que se sumen el miércoles a bloqueos viales "dejará de percibir el plan social", en concordancia con la advertencia expresada por la ministra de Recursos Humanos, Sandra Pettovello, y reiteró la disponibilidad de la línea telefónica 134 para "recibir denuncias de aquellos que se sientan amenazados por un intermediario".

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Adorni reiteró la posición del ejecutivo, destacando que para la administración nacional, la "decisión está tomada y es hacer cumplir la ley" en relación al protocolo de orden público dispuesto por el Ejecutivo, que será aplicado mañana por primera vez durante la movilización de la UP.

Cómo será la manifestación

Con el propósito de "frenar el plan de ajuste y miseria de Milei y el FMI" y "defender el derecho a la protesta", se erige como consigna central la marcha protagonizada por los movimientos populares y las entidades sociales congregadas en la coalición de UP. Junto a ellas, participan organismos de derechos humanos, sindicatos y centros de estudiantes, con motivo de conmemorar un nuevo aniversario del levantamiento social ocurrido el 19 y 20 de diciembre, que condujo a la dimisión del entonces presidente, Fernando de la Rúa, en 2001.

La movilización será a partir de las 16.30

Un grupo se desplazará desde el Congreso Nacional a lo largo de la Avenida de Mayo, mientras que otro iniciará su recorrido desde el Obelisco a través de Diagonal Norte. Ambos contingentes convergerán finalmente en la Plaza de Mayo, donde se procederá a la lectura de un documento consensuado entre las diversas agrupaciones participantes.

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"El Presidente anunció una declaración de guerra contra los derechos laborales, sociales y democráticos de los trabajadores y el pueblo: megadevaluación, una inflación tremenda, pretende congelar el valor del Potenciar Trabajo y se mantienen sin entregas a los comedores populares y se vienen fuertes aumentos de las tarifas de servicios y transportes", sostuvieron las organizaciones de la UP en un comunicado dado a conocer en una conferencia de prensa desarrollada en Plaza Congreso.

En ese lugar, también se manifestó una fuerte oposición al protocolo de preservación del orden público, diseñado para prevenir bloqueos viales, siendo calificado de "inconstitucional" y bregaron por "la defensa del derecho a la protesta". Durante la conferencia con los medios, diversos líderes instaron a la Confederación General del Trabajo (CGT) a que "ante cualquier hecho represivo que ocurriese llame a un paro nacional activo".

En la rueda de prensa estuvieron presentes representantes de diversas entidades convocantes, tales como la Unión Ferroviaria, Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Suteba, metrodelegados AGTSyP, y la Asociación Gremial Docente (ADG), entre otras organizaciones.

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Asimismo, participaron legisladores y figuras representativas del Frente de Izquierda-Unidad, como Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Gabriel Solano y Romina Del Plá. Estos líderes fueron recibidos con ovaciones por la emblemática Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo de la Línea Fundadora.

El protocolo contra la manifestación de este miércoles

La disposición del protocolo por parte de Bullrich continuó generando fuertes desaprobaciones por parte de fuerzas políticas de orientación izquierdista y entidades sociales y de derechos humanos. Entre ellos, el laureado con el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien ha presentado diversas acciones legales ante la Justicia para que el Gobierno "deje sin efecto de manera inmediata" el protocolo elaborado para controlar y vigilar las manifestaciones de protesta.

María Servini, magistrada federal, por su parte, se manifestó como no competente para intervenir en relación a una objeción de inconstitucionalidad del protocolo presentada por la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, María Celeste Fierro, perteneciente al Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). La jueza derivó la consideración del recurso legal al ámbito del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal.

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En la mañana, Adolfo Pérez Esquivel y el legislador nacional Néstor Pitrola, en calidad de representantes del Serpaj y el Partido Obrero, respectivamente, suscribieron una solicitud de amparo colectivo con el fin de que "se deje sin efecto de manera inmediata" el protocolo de orden público dispuesto por el Gobierno nacional.

Pérez Esquivel y Pitrola evaluaron que la disposición, reflejada en la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, impacta en "la libertad ambulatoria e integridad física" de quienes participarán en la movilización programada hacia la Plaza de Mayo mañana.

Más de 1.700 agrupaciones sindicales y sociales también solicitaron la interrupción de la aplicación del protocolo. Estas entidades presentaron ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la CIDH una petición para que insten al Estado argentino a poner fin a las "medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas".

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En la lista de peticionarios se encuentran la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular-UTEP, la Ctep, ATE Nacional, Somos Barios de Pie, Polo Obrero, Patria Grande, Partido Obrero, Nuevo Encuentro y el CELS.

La presentación efectuada por las entidades estuvo respaldada por un respaldo de más de 15.000 firmas que respaldaron la solicitud a nivel individual. El pasado sábado, Clément Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, había manifestado su oposición a la implementación del protocolo por parte del gobierno de Milei.

"Silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales", expresó el funcionario de la ONU en su cuenta personal de la red social X.

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Un día previo a la realización de la protesta en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires aseguró que no implementará el protocolo en su territorio debido a "criminaliza la protesta" y "sobrepasa un límite establecido durante todos estos años de democracia", consideró el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

En oposición a la posición adoptada por la gestión de Axel Kicillof, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires divulgó hoy, en concordancia con el Gobierno nacional, un protocolo que establece restricciones y advierte sobre sanciones y medidas restrictivas con respecto a la movilización. Además, resaltó que la principal prioridad es "cuidar la libertad de todos los ciudadanos y asegurar el orden en la convivencia social".

La cartera encabezada por Waldo Wolff divulgó las "disposiciones para la realización de manifestaciones y marchas" de "acatamiento obligatorio" que prohíben "interrumpir el tránsito vehicular", y "participar con el rostro cubierto de manera intimidatoria", entre otras restricciones.

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Por otro lado, el activista social Juan Grabois anunció la creación de un grupo que actuará como "como veedora de los derechos humanos" en la protesta convocada para este miércoles. Este anuncio fue formulado en colaboración con Nacho Levy, representante del colectivo Garganta Poderosa.