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SUSCRIBITE El oficialismo convocó a comisiones para tratar los dos proyectos con media sanción y analiza cómo revertir los cambios introducidos en Diputados.
Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales del Senado se reunirán este viernes.
Este viernes el Senado afrontará un día decisivo. En el marco de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales, el bloque oficialista intentará avanzar con el despacho del Presupuesto 2026 y de la reforma del Régimen Penal Tributario, ambas iniciativas ya aprobadas previamente por la Cámara de Diputados.
El debate se pondrá en marcha desde las 9 de la mañana, momento en que se conformará la comisión de Justicia y Asuntos Penales para tratar y emitir dictamen sobre el proyecto denominado “Inocencia Fiscal”.
Sesenta minutos después, desde las 10, se reunirá la comisión de Presupuesto y Hacienda con el objetivo de avanzar en el despacho del Presupuesto 2026 y dejar allanado el camino para que ambas iniciativas lleguen al recinto en la sesión convocada para el 26 de diciembre.
El Poder Ejecutivo ya consiguió la aprobación inicial de los dos textos en Diputados, aunque ese avance se dio en un contexto de marcada fricción política entre el oficialismo y los espacios que habitualmente lo acompañan.
En ese sentido, la versión del Presupuesto que ingresó al Senado dejó afuera la eliminación de las normas de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, dos disposiciones que el Gobierno entiende como incompatibles con su meta de ordenar las cuentas públicas.
Si bien La Libertad Avanza consiguió exhibir músculo para articular mayorías, también quedó al descubierto la debilidad de ciertos pactos con gobernadores y fuerzas aliadas, sobre todo en los tramos más delicados del proyecto.
En la Cámara Alta, el escenario se presenta todavía más enredado. El oficialismo intentará apurar el tratamiento para ajustarse a los plazos fijados por la Casa Rosada, aunque en reserva reconoce que alcanzar el número de votos requeridos será una tarea cuesta arriba.
La comisión de Presupuesto y Hacienda, encabezada por el senador libertario Ezequiel Atauche, recibirá este viernes a integrantes del equipo económico del Gobierno.
Está prevista la participación del secretario de Hacienda, Carlos Guberman; de las subsecretarias Claudia Balestrini, a cargo de Ingresos Públicos, y Valeria Sánchez, responsable de la Coordinación Fiscal Provincial; además del subsecretario de Presupuesto, Rodrigo Cabado.
Aunque en el ámbito parlamentario sostienen que el dictamen se ajustará al texto que obtuvo media sanción en Diputados —dejando en manos del presidente Javier Milei la posibilidad de vetarlo total o parcialmente—, en la Casa Rosada analizan introducir modificaciones durante el debate en el Senado, aun cuando eso implique que la iniciativa deba volver a la Cámara Baja para su validación final.
En el espacio de conducción política de La Libertad Avanza evalúan, además, la alternativa de volver a incorporar los puntos que fueron descartados en Diputados.
Entre ellos figuran no solo la eliminación de las normas sobre financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, sino también modificaciones relacionadas con pasivos del área energética, el régimen de zonas frías y la distribución de recursos a la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, esta estrategia abre una discusión jurídica pendiente sobre la viabilidad de reponer esos artículos.
En caso de que la Cámara Alta avale la iniciativa sin modificaciones, el Presupuesto quedará sancionado y el Poder Ejecutivo tendrá que definir de qué manera aplica disposiciones que actualmente rigen pero que, a su entender, carecen de respaldo presupuestario.
Dentro del Gobierno insisten en que la versión que avanzó en el Congreso no se ajusta al programa de ordenamiento fiscal que plantearon desde el comienzo del mandato.
Previo al tratamiento del Presupuesto, la comisión de Justicia y Asuntos Penales intentará avanzar con el dictamen de la modificación al Régimen Penal Tributario. La propuesta, que ya recibió aval inicial en Diputados, plantea una reformulación de fondo tanto de las condiciones que definen los delitos de evasión como de los sistemas de control.
Entre los cambios centrales, el proyecto incrementa de forma marcada los valores que determinan la existencia de evasión. El umbral para la modalidad simple se eleva de $1,5 millones a $100 millones, mientras que el límite para la evasión agravada se establece en $1.000 millones.
También suma un esquema reducido del Impuesto a las Ganancias para personas físicas con patrimonios que no superen los $10.000 millones, lo que restringe el margen del Estado para indagar aumentos de bienes dentro de ese rango.
Para el oficialismo, la iniciativa se promociona como un instrumento destinado a blanquear ahorros —apuntando a que los dólares no declarados vuelvan al circuito—, fomentar la circulación de dinero en la economía y bajar los niveles de litigiosidad impositiva. Desde la oposición, en cambio, hubo fuertes objeciones al alcance de los cambios y alertas sobre el impacto que podrían tener en los mecanismos de fiscalización.
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