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SUSCRIBITEEl funcionario había asumido el cargo en la Secretaría de Derechos Humanos gracias al respaldo de su amigo Mariano Cúneo Libarona.
Renunció Alberto Baños, el subsecretario de Derechos Humanos.
El éxodo dentro del Ejecutivo continúa sin pausa. Después de la reestructuración que dejó vacante la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), se confirmó que Alberto Baños renuncia a la Subsecretaría de Derechos Humanos (SDH). Durante su mandato, Baños redujo la capacidad del organismo a un tercio de su tamaño.
El mes pasado, se presentó ante un comité de la ONU para hablar sobre el nivel de gravedad de los crímenes cometidos durante la última dictadura.
Su partida coincide con la designación de Alfredo Vítolo al frente de la SDH, exasesor de Macri en materia de derechos humanos, conocido por su postura favorable al “perdón” hacia los represores.
Alberto Baños asumió la Secretaría de Derechos Humanos gracias al respaldo de su amigo Mariano Cúneo Libarona. Como magistrado, no promovió pesquisas sobre la desaparición del policía Arshak Karhanyan y había avalado un fallo que permitió la liberación de José Martínez de Hoz, exministro de Economía durante la dictadura.
La información fue ratificada a este medio por el ministro de Justicia, quien lo definió como un “excelente funcionario que cumplió enormes tareas”.
Durante su gestión, Baños hizo despidos masivos y por la presencia de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) controlando los accesos a la sede de la Subsecretaría de Derechos Humanos, ubicada en el espacio de memoria que funciona en el antiguo centro de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Tampoco logró cubrir ni siquiera los cargos clave dentro del organismo.
El comienzo de su mandato estuvo marcado por decisiones especialmente controversiales. Su secretaria notificó por WhatsApp el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y la licencia de todo el personal. A pesar de las promesas públicas de Baños, el Conti permaneció cerrado.
En ese mismo espacio, también había intervenido para censurar unas jornadas sobre políticas de memoria que ya estaban en desarrollo.
En febrero de este año, bloqueó un concierto organizado por organizaciones de derechos humanos en la exESMA y recurrió a la Justicia para prohibir eventos en El Faro, el espacio de memoria ubicado en Mar del Plata.
Además, Baños impulsó la firma de un acuerdo conciliatorio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de calificar como delitos comunes algunas acciones de los grupos guerrilleros, en contraste con los crímenes de lesa humanidad.
En el plano internacional, también se ocupó de respaldar los pedidos de los jueces trasladados por Mauricio Macri a la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, para asegurar la permanencia en sus cargos.
El golpe definitivo de Baños llegó en mayo pasado, cuando aceptó que la Secretaría de Derechos Humanos fuera denominada como categoría de Subsecretaría. Al mismo tiempo, redujo la jerarquía del Museo Sitio ESMA y del Archivo Nacional de la Memoria (ANM), trasladando su dependencia al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).
Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, Cúneo Libarona se transformó en un actor meramente simbólico, situación impulsada por su número dos, Sebastián Amerio, hombre de plena confianza del asesor presidencial Santiago Caputo.
En cuanto a Baños, en los últimos meses comenzó a percibir la presión de los mandos que controlan el CIPDH y que, a su vez, responden directamente a Caputo, sintiendo cómo su espacio de acción se veía acotado.
Colegas del medio Página/12 informaron que Baños mantenía comunicación permanente con Ricardo Saint Jean, letrado de Justicia y Concordia, y conocía de antemano el plan diseñado para permitir que los represores cumplieran sus condenas en sus domicilios.
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