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SUSCRIBITEEl equipo legal de la ex mandataria presentó una denuncia en la Corte Penal Internacional y prepara otra para la Comisión Interamericana.
Qué recursos tiene Cristina Kirchner en el plano internacional.
El equipo legal de Cristina Kirchner avanza con una estrategia concreta y agota los recursos: busca que el expediente conocido como “causa Vialidad” sea reexaminado antes del año 2027, apelando a la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la participación de entidades internacionales.
Gregorio Dalbón, uno de los abogados que integra su defensa, presentó una denuncia inicial pocas horas antes de que la Corte Suprema ratificara tanto la pena de prisión como la inhabilitación definitiva para ocupar funciones públicas.
Esta presentación se hizo ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, donde denunció lo que describió como una “persecución política, mediática y judicial” por parte del Estado argentino hacia la ex presidenta.
El próximo paso apunta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El equipo jurídico que representa a la ex vicepresidenta dispone de un plazo de seis meses para presentar una solicitud formal ante ese organismo, que deberá decidir si acepta o no analizar el caso. Esta evaluación se realizará en su sede central, ubicada en Washington, Estados Unidos.
En caso de avanzar, la CIDH no se enfocará en el contenido específico del expediente Vialidad, sino en las posibles violaciones a los derechos fundamentales de Cristina Fernández de Kirchner.
La presentación girará en torno a distintos ejes, entre ellos: la utilización del sistema judicial como herramienta de persecución política (conocido como lawfare), la supuesta designación indebida de los jueces a cargo, la falta de imparcialidad en los tribunales, la alteración del principio de presunción de inocencia mediante el traslado de la carga de prueba, relaciones irregulares entre magistrados y medios de comunicación, y presuntas fallas en las garantías del proceso legal.
En caso de que la Comisión Interamericana determine que se vulneraron derechos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos —tratado con rango constitucional en la Argentina—, emitirá una serie de recomendaciones y tratará de promover un acuerdo entre las partes. Si no se alcanza ese entendimiento, el expediente será derivado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que podría fallar contra el Estado argentino.
Aunque ninguno de estos organismos tiene la facultad de anular directamente la sentencia en la causa Vialidad, este camino representa el mecanismo más firme para impulsar una eventual reapertura o revisión por parte de la justicia local.
Convencido de que la condena contra Cristina Fernández de Kirchner tiene como finalidad impedir su participación política, Gregorio Dalbón expresó a este medio que “es poco probable que la CIDH emita una resolución antes de estos comicios, pero hay chances de que lo haga hacia 2027”.
Desde una perspectiva opuesta, el abogado especializado en derecho constitucional Diego Armesto fue categórico: “No hay que generar falsas expectativas en los seguidores de Cristina Fernández. No podemos jugar con la gente y hacerle creer que la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana en dos minutos, en un chasquido, van a resolver todos los planteos”, afirmó.
Como referencia, Armesto mencionó el caso Petro Urrego contra Colombia. En esa ocasión, el actual mandatario colombiano acudió a la Comisión Interamericana tras haber sido removido de su cargo como alcalde de Bogotá y vetado para ejercer funciones públicas. El proceso desde la sanción hasta el fallo final se extendió por más de cuatro años.
El equipo defensor de Cristina Fernández de Kirchner basará su estrategia en lo establecido por el artículo 366 del Código Procesal Penal Federal (CPPF) y por el artículo 75 de la Constitución Nacional.
En primer lugar, el apartado “f” del artículo 366 prevé la posibilidad de revisar una condena firme en caso de que “se dicte en el caso concreto una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o una decisión de un órgano de aplicación de un tratado en una comunicación individual”.
Por su parte, el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional establece que “los tratados -con otros países u organismos internacionales- tienen jerarquía superior a las leyes” y “jerarquía constitucional”.
Entonces, surge el interrogante: ¿cuáles serían las implicancias de una sentencia favorable para Cristina Fernández de Kirchner emitida por una instancia judicial internacional?
Juan Pablo Vigliero, especialista en Derecho Penal y docente en la cátedra de Garantías Constitucionales de la UBA, señaló: “Lo que la Corte Interamericana diga es vinculante para la Argentina. Si se ordena la revisión de un fallo hay que hacerlo, lo que no impide que mantengan el criterio. No puede revocarlo porque no es una cuarta instancia, pero sí llamar a revisarlo”. También aclaró que dicho organismo no puede anular un fallo, ya que no actúa como una instancia superior, pero sí puede requerir su revisión.
Por su parte, Diego Armesto remarcó que, al haber adherido al sistema interamericano y sus tratados, la Argentina está comprometida a respetar sus disposiciones, bajo pena de recibir sanciones si no lo hace. Además, sostuvo: “Igual de válida es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que recomienda la inhabilitación perpetua en casos como el de Cristina”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene la facultad de actuar mediante una medida provisional en contextos considerados de extrema gravedad y urgencia, con el fin de prevenir que una persona sufra un perjuicio irreversible. Esta posibilidad está contemplada en el artículo 25 de su normativa interna.
Tal como sucede con los fallos condenatorios, este tipo de resolución constituye una sugerencia formal que el Estado debe acatar. No obstante, en estos casos específicos, la medida no implica que se haya determinado la existencia de una vulneración a los derechos garantizados por la Convención Americana.
Esta herramienta legal figura entre las alternativas disponibles para que Cristina Kirchner busque revertir la prohibición de por vida que le impide competir en futuros comicios. Lo que aún genera dudas es cuán viable resulta activar este recurso en el contexto particular que enfrenta la ex mandataria.
“En Argentina, te guste o no, tenés funcionando a los tres poderes del Estado. No es tan fácil pasar por encima de lo que dijo el juez de primera instancia, una Cámara, una Casación, un Tribunal Oral. Está muy revisado el tema como para decir ‘se equivocaron todos’. En los informes de la Corte Interamericana, por ejemplo, sobre Venezuela o Perú, hay un montón de irregularidades. Ahí entendés por qué están las cautelares. Acá no sería tan sencillo. No lo veo razonable”, opinó Vigliero.
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