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SUSCRIBITEEl proyecto llega al Senado con dictamen, aunque la oposición cuestiona un artículo que elimina metas de inversión y fondos específicos.
Senadores de UxP buscarán el viernes rechazar un artículo del Presupuesto 2026.
El oficialismo avanza hacia la aprobación del Presupuesto 2026, prevista para este viernes al mediodía, durante una sesión especial convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. La iniciativa desembarca en el recinto con despacho favorable desde el 19 de diciembre, promovida por la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich.
La medida llega tras la ratificación de la media sanción obtenida en Diputados. No obstante, diversas bancadas opositoras expresaron fuertes objeciones al contenido del artículo 30, al considerar que incorpora modificaciones sustanciales en los mecanismos de financiamiento destinados a áreas clave como educación, ciencia y defensa.
El texto que recibió media sanción en la Cámara de Diputados contempla la eliminación de aspectos centrales de la Ley de Educación Nacional y de la Ley de Financiamiento Educativo. Entre las modificaciones más relevantes, suprime el objetivo de destinar el 6% del PBI al sistema educativo, reduce los recursos asignados a la educación técnica y afecta partidas clave del ámbito científico.
A su vez, el artículo 30 deja sin efecto tres artículos de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que establecían una senda de aumento gradual del presupuesto hasta llegar en 2032 a una inversión equivalente al 1% del Producto Bruto Interno para ese sector.
Asimismo, el proyecto anula el artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional, que aseguraba los recursos del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FONETP) mediante un mínimo del 0,2% de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Nacional.
De manera paralela, también se suprime el inciso 1 del artículo 4 de la Ley del Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), el cual fijaba una asignación del 0,35% de los Ingresos Corrientes. La iniciativa establece que la eliminación de estas disposiciones comenzará a regir desde el ejercicio presupuestario de 2026.
Los cuestionamientos se multiplicaron dentro de los distintos espacios del peronismo. En el marco del tratamiento en comisión, el senador Eduardo “Wado” de Pedro, en representación del bloque que encabeza José Mayans, fijó una postura crítica y sostuvo que “el Presupuesto 2026 del Gobierno de Javier Milei significa un ajuste brutal para la educación”. Más tarde, a través de sus redes sociales, reforzó su mensaje al señalar: “Mienten cuando hablan de una Argentina potente. Sin educación no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay futuro”.
En esa misma línea, este lunes legisladores de Unión por la Patria mantuvieron un encuentro en el Congreso con estudiantes de escuelas técnicas y agrotécnicas de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En ese marco, exigieron que se mantenga vigente el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, al advertir que, de aprobarse el Presupuesto tal como está redactado, sufriría un fuerte recorte.
Tanto los legisladores como los estudiantes manifestaron su rechazo al artículo 30, especialmente a la eliminación del artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional, aprobada en 2005 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Asimismo, remarcaron la importancia de preservar y reforzar el financiamiento destinado a la capacitación de jóvenes con perfiles técnicos para los sectores productivo, industrial y agropecuario.
En ese contexto, el senador Jorge Capitanich subrayó que la normativa ya lleva dos décadas en vigencia y remarcó que, a lo largo de diez años, “se cumplieron casi a rajatabla las metas de financiamiento, con una inversión cercana a los 1900 millones de dólares”.
Explicó que esos recursos se destinaron a la construcción y refacción de establecimientos educativos, la compra de equipamiento y el fortalecimiento de la enseñanza técnica, con excepciones puntuales durante la pandemia y la gestión de Mauricio Macri.
Por otro lado, desde una vertiente distinta del peronismo, el espacio Convicción Federal —encabezado por Fernando Salino e integrado por Carolina Moisés, Fernando Rejal, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza— anticipó que no respaldará la eliminación de las leyes que garantizan el financiamiento para la educación y el sistema científico.
La UCR se encuentra inmersa en una discusión interna. Eduardo Vischi, titular del bloque, comunicó a Patricia Bullrich que la mayor parte de los legisladores radicales respaldará el proyecto tal como fue remitido por la Cámara de Diputados. Sin embargo, Maximiliano Abad y Flavio Fama manifestaron su oposición a los recortes previstos en educación y ciencia.
Desde el oficialismo, los números son alentadores y confían en reunir los votos necesarios para aprobar el Presupuesto. El quórum se logra con 37 senadores, mientras que la sanción requiere una mayoría simple.
Para garantizar la presencia de su bancada de 21 senadores, Villarruel tomará juramento al inicio de la sesión al recientemente electo senador por Río Negro, Enzo Fullone, quien asumirá en reemplazo de Lorena Villaverde, cuyo nombramiento fue rechazado por la Comisión de Acuerdos debido a supuestos lazos con Federico Fred Machado, empresario argentino procesado y detenido en Estados Unidos por narcotráfico.
A los votos de su propio bloque, Bullrich sumará el respaldo mayoritario de la UCR, el PRO y diversas fuerzas provinciales.
Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CETERA) vienen alertando desde septiembre que el artículo 30 “profundiza el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología” y lo califican como “una nueva vuelta de tuerca en la política de ajuste iniciada en diciembre de 2023”.
Por su parte, el secretario de Educación, Carlos Torrendel, defendió la medida ante la Cámara de Diputados, argumentando que “durante décadas se creyó que aumentar el gasto estatal en educación, salud o trabajo era suficiente” y sostuvo que esa estrategia derivó en “un gasto público descontrolado, sostenido por una retórica de ampliación de derechos que terminó profundizando la dependencia del Estado”.
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