Qué es la emergencia económica, qué poderes le otorga al Gobierno y cuándo llegará al Congreso

El presidente Alberto Fernández y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, acordaron que el llamado a extraordinarias se publique en el Boletín Oficial para avanzar lo más rápido posible con la agenda legislativa de urgencia que plantea la nueva administración.

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La idea del oficialismo es sesionar el lunes 16 de diciembre -y durante todo enero- para aprobar la emergencia económica, que contempla la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para reajustar partidas presupuestarias, algo frente a lo que la oposición ya empezó a plantear reparos.

Las emergencias sanitarias y sociales están en vigencia y vencen el 31 de enero; en eso radica la urgencia por aprobar la nueva ley.

¿Cuándo se gobernó “en emergencia”?

Cabe recordar que este instrumento fue utilizado por Carlos Menem en su gobierno cuando busco avanzar con las privatizaciones. Fue sancionada nuevamente en el año 2002 y los gobiernos que siguieron gobernaron “en emergencia”. La norma le da facultades amplias al Ejecutivo para resolver sobre temas urgentes utilizando la figura del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

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Esta norma estaba originalmente pensada para durar dos años, pero siempre al momento de su vencimiento el Congreso -a pedido del Poder Ejecutivo- la extendía por otros dos. La última prórroga fue en los últimos meses de 2015, al cierre del gobierno de Cristina Kirchner. Macri decidió no prorrogarla recién en 2018, pero también la utilizó.

¿Cuáles son las particularidades de proyecto que impulsa Fernández?

El proyecto que buscan llevar al Congreso en esta oportunidad, tiene como uno de sus principales objetivos regular la cuestión tributaria. Sólo el Congreso puede crear impuestos, pero el Gobierno podría modificar alícuotas de gravámenes ya existentes y para eso podría apoyarse en la ley, una vez aprobada.

El tema es especialmente sensible en el caso de Bienes Personales, cuya alícuota actualmente se ubica en el 0,75%. Sin embargo, ya se adelantó que habría una suba para aumentar la presión sobre las familias de mayores recursos.

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También se espera un importante aumento de las alícuotas para las exportaciones del campo, minería, petróleo y eventualmente carne. El objetivo es conseguir alrededor de USD 2.000 millones adicionales al año, lo que daría un margen mayor para volcar recursos a programas destinados a paliar el hambre y ayudar a los sectores de menores ingresos.

También se pondría un freno a la reducción de impuestos que estaba prevista en el Pacto Fiscal firmado hace dos años. Ganancias para empresas, por ejemplo, debía bajar al 25% el año próximo, pero seguramente no será implementado. Y también habría una reposición de Ingresos Brutos, pese al compromiso de las provincias por reducir gravámenes distorsivos para la actividad productiva.