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17 de septiembre de 2026 - 11:26
Sociedad.

Salta: uno de cada tres presos están detenidos por delitos sexuales

El dato es de un informe del Servicio Penitenciario, que representa el 30,85% de la población carcelaria. Advierte a su vez la sobrepoblación en las cárceles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy

En las unidades penitenciarias de Salta, tres de cada diez presos cumplen una condena o permanecen privadas de su libertad por causas vinculadas con delitos contra la integridad sexual. La cifra se desprende de un relevamiento realizado por el Servicio Penitenciario de Salta, difundido semanas atrás, que permite conocer con mayor precisión cómo está conformada la población carcelaria de la provincia.

De acuerdo con los datos recopilados, 1.156 personas permanecen privadas de su libertad por causas relacionadas con delitos contra la integridad sexual, lo que equivale al 30,85% del conjunto de la población penitenciaria contemplada en el informe.

Los delitos sexuales encabezan las causas de detención

En términos generales, la proporción muestra que casi uno de cada tres presos de Salta se encuentra cumpliendo una condena o atravesando un proceso judicial por hechos de esta naturaleza.

El segundo lugar en cuanto a cantidad de personas detenidas corresponde a los delitos contra la propiedad, categoría que reúne a 994 internos y representa el 26,53% del total. A continuación se encuentran los llamados “otros delitos contra las personas”, con 901 personas privadas de su libertad, equivalentes al 24,05% de la población penal analizada.

En el cuarto puesto se encuentran las causas relacionadas con la Ley 23.737 de estupefacientes, que comprende a 419 personas alojadas en establecimientos penitenciarios, es decir, el 11,18% del total.

En proporciones considerablemente menores se encuentran las causas por delitos contra la libertad, que reúnen a 151 personas privadas de su libertad (4,03%). Le siguen las medidas de seguridad, con 46 internos (1,23%); los casos de desobediencia judicial, con 44 personas (1,17%); los delitos contra la administración pública, que alcanzan a 19 internos (0,51%); la portación ilegítima de armas, con 15 casos (0,40%), y una categoría de otros delitos, que contempla apenas 2 personas (0,06%).

El sistema penitenciario de Salta enfrenta además un marcado nivel de sobrepoblación, ya que sus establecimientos albergan 870 personas por encima de la cantidad de plazas disponibles.

Las cárceles de Salta funcionan por encima de su capacidad

El documento también permite advertir otra de las dificultades centrales que atraviesa el sistema penitenciario de Salta: el desfasaje existente entre los espacios disponibles en las cárceles y la cantidad de personas que actualmente permanecen alojadas en ellas.

De acuerdo con los datos relevados, el Servicio Penitenciario de Salta dispone de 2.895 plazas, mientras que la población alojada alcanza a 3.765 internos. De esta manera, los establecimientos penitenciarios provinciales registran un exceso de 870 personas respecto de su capacidad declarada. En términos relativos, las cárceles salteñas operan con un nivel de ocupación cercano al 130%. Esto implica que, por cada 100 plazas habilitadas, actualmente hay alrededor de 130 personas alojadas.

La situación se vuelve aún más compleja al considerar que unas 517 personas se encuentran detenidas en dependencias policiales, en lugar de permanecer en establecimientos penitenciarios, debido a la insuficiencia de espacios disponibles dentro de las unidades carcelarias.

El aumento de la población privada de su libertad en Salta no es reciente, sino que responde a una tendencia de crecimiento sostenido que se mantiene desde comienzos de este siglo. En 2002, la estructura penitenciaria provincial disponía de 1.163 plazas, pero ya albergaba a 1.574 personas. Es decir, desde entonces el número de internos superaba la capacidad disponible en los establecimientos.

La cantidad de personas privadas de su libertad siguió creciendo con el correr de los años. Para 2015, el sistema había ampliado su capacidad hasta alcanzar las 2.268 plazas, aunque la población carcelaria ya llegaba a 2.602 internos.

La mayor sobrecarga del sistema se produjo durante los últimos años. En 2020, las unidades penitenciarias contaban con espacio para 2.376 internos, pero la población alojada alcanzaba las 3.776 personas. Tres años después, en 2023, se registró el máximo del período relevado, con 3.967 internos frente a una capacidad de 2.829 plazas.

Los datos más recientes reflejan una pequeña disminución en el número de personas alojadas, aunque la diferencia entre la capacidad y la población continúa siendo considerable. En 2026, mientras el sistema dispone de 2.895 plazas, permanecen detenidas 3.765 personas. Este escenario se inscribe en el marco de la emergencia penitenciaria declarada en Salta desde 2022.

El crecimiento de la población penal y los cambios en la Justicia

El documento elaborado por el Servicio Penitenciario señala como antecedentes del panorama actual tanto el incremento constante de la población carcelaria como las dificultades relacionadas con la infraestructura disponible, dos elementos que han contribuido a profundizar la situación del sistema.

Entre las modificaciones legales que aparecen mencionadas se encuentra la desfederalización del microtráfico, aplicada en Salta a partir de la Ley Provincial N° 7.732. A partir de este cambio, la Justicia provincial pasó a tener competencia sobre determinados casos vinculados con la comercialización minorista de drogas, una medida que repercutió en el volumen de causas investigadas y de personas detenidas por delitos relacionados con estupefacientes.

Al analizar el desarrollo del sistema penitenciario a lo largo del tiempo, la desfederalización del microtráfico se presenta como uno de los acontecimientos que incidieron en el aumento de la cantidad de personas alojadas en las cárceles.

Durante los últimos años, la realidad de los establecimientos penitenciarios de Salta también fue objeto de seguimiento por parte del Comité contra la Tortura, organismo que manifestó su preocupación por las condiciones en las que se encuentran las personas detenidas.

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