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SUSCRIBITEEl Senado de Salta dio media sanción al proyecto para prohibir celulares en cárceles. Insistió además con sanciones para los trapitos.
El Senado de Salta avanzó este jueves con dos iniciativas vinculadas a la seguridad pública. Por un lado, otorgó media sanción a un proyecto de ley que prohíbe el ingreso, la tenencia y el uso de teléfonos celulares en cárceles y comisarías de la provincia.
Además, insistió con una reforma del Código Contravencional para endurecer las sanciones contra los denominados "trapitos", al rechazar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
La iniciativa fue impulsada por los senadores Juan Cruz Curá y Gonzalo Caro Dávalos y establece la prohibición del ingreso, la tenencia, el uso, la facilitación y la comercialización de teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación por parte de personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios y dependencias policiales de la provincia.
El proyecto tiene como objetivo impedir que desde las unidades penales se continúen organizando delitos como extorsiones, amenazas, secuestros virtuales y otras maniobras ilícitas.
Entre sus principales disposiciones, la iniciativa contempla la instalación de inhibidores de señal, el fortalecimiento de los controles en los establecimientos carcelarios y la implementación de mecanismos que permitan a los internos mantener contacto con familiares y abogados mediante líneas de comunicación autorizadas.
Durante el debate, Caro Dávalos sostuvo que la propuesta no implica un agravamiento de las condiciones de detención, sino que busca impedir que quienes cumplen condenas continúen cometiendo delitos desde prisión.
"Queremos que quien esté cumpliendo una condena no pueda seguir cometiendo delitos desde adentro de la cárcel", afirmó el legislador.
En la misma sesión, la Cámara alta resolvió insistir con el texto original de la reforma del Código Contravencional, aprobado en diciembre de 2025, al considerar que los cambios introducidos por Diputados modificaban el objetivo central de la iniciativa.
El proyecto busca endurecer las sanciones para quienes exijan dinero de manera indebida por el cuidado de vehículos en la vía pública y establecer que únicamente podrán desarrollar esa actividad las personas que cuenten con la correspondiente autorización.
El senador Dani Nolasco explicó que la intención es brindar mayor protección a quienes asisten a espectáculos deportivos, culturales y sociales, y que muchas veces entregan dinero por temor a sufrir daños en sus vehículos.
"Las modificaciones desvirtuaban la esencia del proyecto. Lo que buscamos es proteger a las víctimas y dejar en claro que solo quienes cuenten con autorización podrán prestar ese servicio", finalizó.
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