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SUSCRIBITEDesde cárceles bonaerenses, los internos contactaban a víctimas, incluso menores, ofreciendo falsos trabajos como modelos y exigiendo fotos íntimas.
Así operaba una banda de presos que hacía extorsiones sexuales a mujeres desde penales bonaerenses.
La fuerza de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires logró desmantelar una red de presos que llevaban a cabo chantajes sexuales a través de medios digitales dirigidos a mujeres desde los penales de Sierra Chica y Merlo, en la provincia de Buenos Aires.
La pesquisa estuvo a cargo de la División de Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía porteña, bajo la supervisión de la UFIJ N°8 de Berazategui, a cargo de los fiscales Ernesto Daniel Ichazo y Bianca Grivetto. La causa se inició tras varias denuncias de mujeres, algunas menores, que afirmaron haber sido víctimas de extorsiones sexuales por medios virtuales.
De acuerdo con fuentes de la policía, los imputados se acercaban a sus víctimas mediante plataformas sociales como Instagram y TikTok. Les ofrecían supuestos trabajos como modelos de ropa interior y las inducían a enviar fotografías o grabaciones, bajo el argumento de probar talles o confeccionar “books” que luego serían enviados a otras empresas.
Con ese material en su poder, los delincuentes coaccionaban a las mujeres para participar en videollamadas con contenido sexual, amenazándolas con difundir las imágenes entre familiares o compañeros de estudio. En ciertos casos, incluso exigían pagos en dinero bajo la excusa de producir los falsos “books”.
No se trataba del único modus operandi: la banda también aprovechaba el material gráfico para generar perfiles falsos en distintas redes sociales y captar la atención de hombres, a quienes luego llamaban por teléfono haciéndose pasar por agentes de seguridad. Durante esas conversaciones, los amenazaban con acusarlos de haber mantenido intercambios sexuales con menores y les reclamaban pagos económicos para evitar denuncias.
Asimismo, los mismos archivos eran empleados para presentar de manera engañosa a las víctimas como supuestas trabajadoras sexuales, con fines de estafa o manipulación.
Las operaciones estuvieron dirigidas principalmente contra el cabecilla de la red, actualmente interno en el penal de Sierra Chica, y su colaborador, que cumple condena en la Unidad Penitenciaria de Merlo. Este caso constituye el segundo procedimiento contra el líder de la organización, quien ya registraba antecedentes por delitos similares durante su permanencia en la Unidad Penitenciaria N°1 de Lisandro Olmos.
En aquella ocasión, la organización operaba con la ayuda de parejas ajenas a los internos, quienes se encargaban de proveer cuentas bancarias para recibir los pagos derivados de las extorsiones y canalizarlos hacia el principal responsable.
Durante los operativos de allanamiento, la Policía de la Ciudad incautó teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento digital que los reclusos empleaban para ejecutar los chantajes. Según señalaron las autoridades, la pericia sobre estos equipos permitió identificar a los dos internos como los autores de los delitos investigados.
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