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SUSCRIBITELa exmandataria también reclamó que se excluyan propiedades de sus hijos y advirtió que no posee bienes que puedan ser ejecutados.
Cristina Kirchner.
A pocas horas de vencerse el plazo para depositar 648.000 millones de pesos (537 millones de dólares) como reparación por el fraude en la causa Vialidad, la expresidenta Cristina Kirchner presentó un recurso judicial solicitando la suspensión de la ejecución de sus bienes y la anulación de la decisión del tribunal oral.
En el escrito presentado por su abogado Carlos Beraldi, la exmandataria cuestionó el método utilizado para calcular el monto a pagar, al afirmar que fue determinado “como definitivo sin debate previo, afectando el derecho de defensa y el principio de juez natural”. Además, afirmó: “No tengo bienes que sirvan a esos fines y que, consecuentemente, puedan ser ejecutados”.
Cristina Kirchner también pidió que se excluyan del decomiso los bienes de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, ya que fueron recibidos como anticipo de herencia en 2016, y aseguró que fueron expedientes ya investigados y sobreseídos.
Actualmente, el Tribunal Oral Federal 2 debe decidir si concede la suspensión y la Cámara de Casación está evaluando la apelación presentada respecto al monto fijado. La defensa reserva la posibilidad de recurrir incluso ante la Corte Suprema.
La condena se basa en la llamada Causa Vialidad, que investigó la adjudicación de contratos viales a Lázaro Báez, empresario vinculado al gobierno kirchnerista, entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz. Según los jueces, la expresidenta encabezó una maniobra fraudulenta que favoreció a ese grupo empresario con obras públicas sobrevaloradas, en perjuicio del Estado.
En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) la encontró culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La sentencia incluyó una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Fue absuelta del cargo de asociación ilícita, reclamada por la fiscalía, al no obtener mayoría los jueces en ese punto.
La Cámara Federal de Casación confirmó la condena en noviembre de 2024, respaldando que se trató de una maniobra fraudulenta bien documentada, descarte del delito de asociación ilícita, y una conducta que afectó gravemente las cuentas públicas. En junio de 2025, la Corte Suprema ratificó el fallo y rechazó los recursos presentados por la defensa, enfatizando que el debido proceso fue respetado y que hay “profusa prueba” contra la exmandataria.
La sentencia ya es firme: seis años de prisión, inhabilitación permanente para cargos públicos y decomiso de unos 84.000 millones de pesos como indemnización por el perjuicio causado al Estado
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