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SUSCRIBITE Empresarios se mostraron a favor de frenar los precios.
TwitterFernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros y Juan Fera, director de Marolio, se mostraron a favor de frenar los precios y la necesidad de incrementar el poder adquisitivo de los consumidores.
Representantes del sector comercializador minorista y de los productores alimenticios que se reunirán con el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, coincidieron en la necesidad de incrementar el poder adquisitivo de los consumidores y de encontrar soluciones para el sector, más allá del acuerdo coyuntural de congelamiento de precios.
El presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, explicó que los incrementos de precios afectan tanto a los comercios del segmento, que acuden de forma directa a los mayoristas, como a los consumidores.
Savore explicó que “cuando vienen a un almacén o a un autoservicio y ven los cambios de precios, el reclamo y la bronca está. Vemos cómo ese cliente con un billete de $1.000 antes compraba una determinada cantidad de cosas y que hoy se debilitó una barbaridad”.
El representante de los almaceneros además responsabilizó a las empresas por los aumentos en donde manifestó que “a uno le da bronca que han exagerado en muchas cosas y estoy convencido que han exagerado con los aumentos. Estoy disgustado con los monopolios, porque lo que hicieron con nosotros es imperdonable”.
En ese sentido, Juan Fera, director de Marolio subrayó la importancia de aumentar la capacidad de compra: “Nosotros necesitamos que el consumidor tenga un poder adquisitivo interesante para poder vender lo que nosotros producimos”.
Hace varios días, Roberto Feletti, nuevo secretario de Comercio Interior, señaló que “evidentemente si no se llega a un acuerdo vamos a tener que aplicar las leyes. Es algo que trato de impedir, porque creo en los acuerdos sociales”.
Alberto Fernández ya había amenazado el año pasado con aplicar la ley de abastecimiento para controlar los precios. Se trata de una norma que fue sancionada en 1974 y modificada en 2014 por el kirchnerismo: faculta al Estado a intervenir en los mercados para fijar precios y márgenes de utilidad cuando lo considere necesario.
Además, le permite aplicar sanciones, suspender comercios y realizar allanamientos y procedimientos en establecimientos industriales sin orden judicial.
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