El Gobierno nacional busca instalar en el Congreso el debate sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) durante 2026. La iniciativa forma parte de un paquete de reformas legales que prepara la Casa Rosada y todo esto se da en medio del conflicto con AFA.
El proyecto apunta a permitir que los clubes deportivos adopten un modelo societario con accionistas y fines de lucro. Desde el Ejecutivo sostienen que el esquema puede atraer inversiones privadas y ordenar la administración de las instituciones.
La propuesta genera tensión con la Asociación del Fútbol Argentino, entidad que mantiene una postura crítica frente al avance del modelo.
Un proyecto dentro de un paquete de reformas
El plan del Ejecutivo incluye el envío del proyecto dentro de un conjunto más amplio de reformas institucionales. El paquete contempla cambios en el funcionamiento de asociaciones civiles, modificaciones en normas procesales y ajustes en el régimen de personas jurídicas.
El presidente Javier Milei mencionó el tema durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, donde enumeró varias reformas estructurales que el Gobierno pretende impulsar durante el año.
En la Casa Rosada no fijan una fecha concreta para el envío del proyecto. Sin embargo, fuentes oficiales confirman que la iniciativa integra la agenda legislativa del Ejecutivo para 2026.
La propuesta de las Sociedades Anónimas Deportivas
Las Sociedades Anónimas Deportivas permiten que los clubes funcionen bajo una estructura empresarial. En ese modelo, las instituciones pueden tener accionistas privados y operar con fines de lucro.
El Gobierno plantea que ese sistema puede facilitar el ingreso de capital privado al deporte argentino. Según la visión oficial, el esquema también puede mejorar la transparencia en la gestión económica de los clubes.
El debate sobre las SAD se instaló en los últimos años dentro del fútbol argentino y generó posiciones enfrentadas entre dirigentes, hinchas y sectores políticos.
Antecedentes del conflicto con la AFA
El Ejecutivo ya intentó impulsar las Sociedades Anónimas Deportivas durante los primeros meses de gestión. Una de las herramientas fue el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que incluía cambios vinculados a la estructura de las asociaciones deportivas.
Esa iniciativa enfrentó objeciones judiciales y su aplicación quedó suspendida en ese punto.
También existieron contactos entre funcionarios nacionales y el entorno de Claudio Tapia, aunque esas conversaciones no lograron avanzar en acuerdos concretos.
Investigaciones y tensiones institucionales
En paralelo, el Gobierno impulsa distintas acciones administrativas y judiciales relacionadas con el funcionamiento de la AFA.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero presentó denuncias vinculadas a la gestión de recursos dentro de la entidad. Las actuaciones se relacionan con una investigación por presunta apropiación indebida de tributos y aportes a la seguridad social.
Además, la Inspección General de Justicia solicitó la designación de veedores para revisar los balances de la asociación.
El contexto político del debate
El debate por las Sociedades Anónimas Deportivas también aparece en medio de un escenario de tensión política entre el Gobierno y la dirigencia del fútbol.
Desde el Ejecutivo analizan el impacto público de distintas medidas y de las posiciones que surgen dentro del ámbito deportivo. El tema también aparece en la discusión sobre el futuro institucional de los clubes argentinos.
Mientras tanto, el Gobierno trabaja en la redacción del proyecto que buscará enviar al Congreso durante el período legislativo de 2026.
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