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SUSCRIBITEEl Gobierno descarta ceder el 51% de YPF y afirma que agotará todas las instancias sin negociar. El fallo de la jueza Loretta Preska vence el próximo lunes.
El Gobierno mantiene la postura de que la orden de Preska viola la ley de expropiación de YPF.
El Gobierno argentino aguarda una definición de la Justicia estadounidense y evalúa recurrir a la Corte Suprema para proteger las acciones de YPF. La administración nacional sostiene que no permitirá bajo ningún concepto la cesión del 51% de los activos estatales a los fondos Burford y Eton Park, y reafirma su intención de agotar todas las vías judiciales sin aceptar acuerdos.
El equipo legal de la Casa Rosada intenta impedir que el eje del debate gire en torno al presunto incumplimiento argentino en la ejecución del fallo de la jueza Loretta Preska, cuyo plazo vence el próximo lunes. Por ello, prevé presentar una apelación ante el máximo tribunal de EE. UU. si la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York no otorga la suspensión de la resolución que habilita la transferencia accionaria.
En la Casa Rosada reina el escepticismo respecto a la predisposición de Preska y dan prácticamente por sentado que rechazará el pedido de la Procuración del Tesoro. Desde el Gobierno aseguran que ya le otorgaron “margen de días para que responda” y que no piensan aguardar hasta el lunes. Como parte de la estrategia, también presentaron un escrito inicial que habilita la apelación formal del fallo.
Por su parte, los equipos técnicos del oficialismo buscan anticiparse a eventuales sanciones, como la imposición de multas diarias, ante un posible incumplimiento de la sentencia. Además, contemplan solicitar a la Corte Suprema argentina una declaración institucional sobre el proceso, con el objetivo de reforzar la postura de que existe una imposibilidad material de ejecutar lo ordenado por el tribunal estadounidense de primera instancia.
El Ejecutivo sostiene firmemente que la orden dictada por Preska contradice la normativa vigente sobre la expropiación de YPF y subraya que cualquier cesión de la participación estatal requiere aval legislativo con mayoría de dos tercios en el Congreso. “Las acciones están en la Caja de Valores. No hay forma de sacarlas y transferirlas”, remarcan fuentes gubernamentales.
Asimismo, el Gobierno advierte que un eventual traspaso de las acciones tendría consecuencias irreversibles, dado que los fondos demandantes ya expresaron su intención de vender los títulos una vez obtenidos. Esto, argumentan, haría imposible revertir la situación incluso si Argentina lograra revertir la sentencia en la apelación. “No se puede volver a meter al genio dentro de la botella”, ilustran.
El Ejecutivo sostiene en sus presentaciones judiciales que, de no suspenderse la orden de traspaso mientras se analiza la apelación, el país enfrentará un “daño irreparable a su soberanía”. Además, advierte que se vería obligado a optar entre “cambiar sus propias leyes, violarlas o desobedecer una orden judicial de los Estados Unidos”.
Por otro lado, la magistrada del distrito sur de Nueva York convocó tanto a la Argentina como a los beneficiarios del fallo millonario a una audiencia judicial programada para el martes.
La reunión tiene como objetivo abordar un pedido de los demandantes para acceder a información sobre diversas entidades estatales —incluidas Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central— con vistas a posibles embargos.
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