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SUSCRIBITEImágenes difundidas en Villazón muestran el traslado de garrafas hacia La Quiaca por pasos clandestinos. La diferencia de precios impulsa el negocio.
Vecinos y comerciantes reclaman mayores controles ante el desvío de garrafas, mientras familias bolivianas deben hacer largas filas para conseguir gas.
El gas subsidiado cuesta 22,50 bolivianos en Bolivia y puede revenderse por hasta 200 en Argentina, según denuncias difundidas en la frontera.
Nuevas imágenes difundidas desde la frontera entre Villazón y La Quiaca volvieron a exponer el traslado ilegal de garrafas de Gas Licuado de Petróleo desde Bolivia hacia Argentina. La maniobra se realizaría a través de pasos no habilitados y estaría impulsada por la amplia diferencia de precios entre ambos países.
Según las denuncias, una garrafa subsidiada cuesta 22,50 bolivianos en Bolivia ($4.820,29), mientras que del lado argentino puede alcanzar valores equivalentes a entre 180 y 200 bolivianos. Esa brecha convierte al producto en una mercancía atractiva para el denominado “contrabando hormiga”, una modalidad basada en el cruce de pocas unidades por viaje, pero de manera reiterada.
La situación genera malestar entre vecinos y comerciantes de Villazón, debido a que muchas familias deben realizar largas filas para conseguir el producto subsidiado, mientras parte de las garrafas terminarían desviadas hacia el mercado argentino.
La frontera entre Villazón, en Bolivia, y La Quiaca, en Jujuy, posee un paso internacional habilitado, pero también sectores utilizados históricamente para el tránsito irregular de personas y mercadería.
Las imágenes difundidas en las últimas horas mostrarían un nuevo traslado de garrafas mediante rutas clandestinas. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre decomisos vinculados con ese episodio puntual, aunque la problemática ya había sido reconocida por autoridades bolivianas.
En enero de 2026, la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Bolivia confirmó la existencia de contrabando de GLP hacia territorio argentino a través de pasos no autorizados en Villazón. El organismo atribuyó la maniobra a la diferencia entre el precio subsidiado en Bolivia y el valor de reventa del otro lado de la frontera.
La ANH también señaló que, pese a la ampliación de las redes de gas domiciliario en Villazón, la cantidad de garrafas distribuidas se mantenía en niveles elevados. De acuerdo con esos reportes, se comercializaban diariamente entre 800 y 900 unidades, una cifra cercana a las 1.000 que se vendían antes de la expansión del servicio domiciliario.
El GLP en Bolivia se encuentra subsidiado por el Estado, lo que mantiene el precio de la garrafa de 10 kilos en 22,50 bolivianos.
La diferencia con los valores registrados en Argentina genera un fuerte incentivo económico. Informes anteriores mencionaron que el mismo producto podía revenderse en La Quiaca por alrededor de $30.000, mientras denuncias más recientes ubican su equivalente entre 180 y 200 bolivianos.
El perjuicio no se limita a la pérdida económica del Estado boliviano. El desvío ilegal también impacta en la disponibilidad del combustible para las familias que dependen de las garrafas para cocinar, calefaccionarse o calentar agua.
Por esa razón, los reclamos se concentran en aumentar la vigilancia sobre los centros de distribución, evitar el acopio irregular y reforzar los controles en los pasos clandestinos.
El problema del tránsito ilegal no se limita al límite entre Jujuy y Bolivia. En Aguas Blancas, provincia de Salta, frente a la ciudad boliviana de Bermejo, existen antecedentes de cruces irregulares de mercadería mediante chalanas, gomones y senderos alternativos.
Ese paso está atravesado por el río Bermejo y concentra un movimiento comercial intenso. Los circuitos informales involucran porteadores, intermediarios, transportistas y compradores de ambos lados de la frontera.
Los gomones utilizados para transportar mercadería representan, además, un riesgo para la vida de quienes cruzan. Se trata de estructuras improvisadas con cámaras de vehículos que pueden movilizar cargas importantes, pero son inestables y quedan expuestas a las condiciones del río.
Durante 2025, el Gobierno argentino anunció la instalación de un alambrado de aproximadamente 200 metros en Aguas Blancas para ordenar el tránsito hacia el sector de Migraciones y evitar el uso de pasos no habilitados.
El contrabando de garrafas forma parte de una dinámica fronteriza más amplia, marcada por diferencias cambiarias, subsidios y precios desiguales entre Argentina y Bolivia.
Dependiendo del contexto económico, distintos productos cambian de dirección: algunos salen desde Argentina y otros, como el gas subsidiado, son trasladados desde Bolivia.
El cruce en pequeñas cantidades dificulta la detección. Una persona puede trasladar una o dos garrafas, pero la repetición de esas maniobras genera un volumen mayor y alimenta un circuito de reventa ilegal.
Vecinos de Villazón solicitaron controles más firmes, seguimiento sobre la distribución y sanciones para quienes lucran con un producto subsidiado mientras numerosas familias tienen dificultades para acceder al gas.
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